Autonomías de Estado y ciudadanía
El presidente de la República arremete contra los órganos autónomos. Al proceder de esta forma actúa contra la ciudadanía. Los órganos autónomos de Estado se cuentan entre las más importantes transformaciones de la transición democrática. El Congreso de la Unión realizó un esfuerzo progresivo por someter a controles constitucionales el desmesurado poder del Poder Ejecutivo en el sistema presidencial. Para ello formó instituciones de regulación de campos de la actividad gubernamental que deben ser sometidas a escrutinio público y vigilancia externa fuera del control gubernamental. Antes de la transición ya se habían conseguido las autonomías universitarias y la del Banco de México. Durante la transición se sumaron las siguientes: Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Fiscalía General de la República (FGR), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE). Todos han cumplido su cometido y si de algo adolecen es de carecer de herramientas suficientes para sancionar incumplimientos y castigar transgresiones. La CNDH es un caso patético; vive sepultada por las violaciones de derechos que no puede contrarrestar. En casos como el INAI, los sujetos obligados, entre ellos la presidencia, suelen escapar por las rendijas de la impunidad. Así pues, la amenaza del presidente contra las autonomías institucionales no es menor. Por si no bastara, es bien conocido su menosprecio de los poderes Legislativo y Judicial, que cree que deberían estar subordinados al presidente.
Contra lo que el Presidente afirma, si alguien ha fallado no son los órganos constitucionales autónomos, sino el poder Ejecutivo que incumple con sus requerimientos.
El origen de los órganos autónomos es el Poder Legislativo. Nunca hay que olvidar que ese poder representa históricamente el triunfo de las luchas contra el monopolio político por parte de la monarquía absoluta, que alcanzó su paroxismo en el absolutismo español —heredado por nosotros—, así como en el inglés, el francés y el ruso (y en oriente el chino y el japonés). Sendas revoluciones o reformas lo dejaron atrás para dar lugar a la democracia que ha evolucionado durante 300 años y tiene potencial insospechado para evolucionar aún más. Meter reversa a este proceso, como lo hace el gobierno actual, solo puede calificarse de retardatario; una nostalgia colonial y colonizada.
Pero el motivo mayor para defender los órganos autónomos es que no están ahí para complacer al poder, sino a su razón de ser que es la ciudadanía. Su principal finalidad es empoderar al ciudadano con herramientas de exigencia a las autoridades en el cumplimiento de su deber. Forman parte de un entramado de rendición de cuentas que tutela derechos: a la información, a la protección de los derechos humanos, a que no se abuse del poder económico, a la rendición de cuentas del gobierno que existe en nuestro nombre, para nuestro servicio y gracias al dinero público que le destinamos. Contra lo que el presidente afirma, si alguien ha fallado no son los órganos constitucionales autónomos, sino el poder Ejecutivo que incumple con sus requerimientos y el Legislativo que debería apoyarlos como extensiones de su propia razón de ser supliendo sus insuficiencias con capacidades efectivas para evitar la impunidad. Esa es la verdadera lucha contra la corrupción.