Sin justicia, caso de estudiantes asesinados en el Tec
Familiares de los dos jóvenes, ejecutados en 2010, acusan trabas burocráticas y violación de sus derechos
Monterrey.— A 11 años del asesinato de los estudiantes de excelencia del Tec de Monterrey, Jorge Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, y a dos años de que el Estado mexicano por conducto de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreciera una disculpa pública, integrantes del colectivo Todos Somos Jorge y Javier, así como familiares exigieron verdad y justicia.
Durante una conferencia de prensa virtual, Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge Mercado Alonso, señaló que, desde el día de los hechos, el 19 de marzo de 2010, han vivido una serie de trabas burocráticas y violaciones a sus derechos, pues ni la anterior PGR ni la hoy Fiscalía General de la República (FGR) han asumido el compromiso de llegar a la verdad y hacer justicia, escudándose en pretextos y evasivas.
Reseñó que el 29 de septiembre de 2016 por fin se consignó el caso ante el juzgado Cuarto Penal de Monterrey, que ejerció acción penal en contra de seis militares, pero sólo se cumplieron en contra de tres.
Reconoció que con la llegada del nuevo gobierno y sobre todo con la disculpa pública de Olga Sánchez Cordero, el 19 de marzo de 2019, creyeron que se encendía una luz para tener justicia.
Sin embargo, mientras Sánchez Cordero reconocía la responsabilidad del Estado mexicano por el doble crimen cometido nueve años atrás, en el juzgado donde se llevaba el caso contra los militares implicados en los hechos se admitían nuevas pruebas a favor de los imputados, alegando violaciones a sus derechos humanos; se presentaba a nuevos testigos sin relación con el caso, se pedía un nuevo dictamen sobre las armas ya revisadas en 2010, aparentemente con el único propósito de ganar tiempo.
Aseveró que mientras a los familiares de Jorge y Javier se les impide contratar abogados particulares, y se les obliga a llevar la asesoría de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, los militares acusados por la ejecución de los estudiantes cuentan con la defensa de un despacho privado, que defiende a puros miembros del Ejército, como también lo hace con los del caso Tlatlaya.
“Y si quieren cansarnos están equivocados”, afirmó, pues “no vamos a desistir, seguiremos luchando para hacer justicia conforme a derecho, y si piensan las autoridades que no estamos haciendo nada porque estamos encerrados por la pandemia, están equivocados porque estamos pidiendo a Dios todos los días por la justicia”.