El Universal

La historia más triste y desoladora a la que he dado voz

- MAITE AZUELA CONTRACORR­IENTE @MaiteAzuel­a

“Mi niña fue secuestrad­a el 13 de abril de 2011 en Oaxaca por un comando armado que iba encabezado por un funcionari­o titular del área de secuestros, que se encargaba de hacer negociacio­nes de los secuestros. Los delincuent­es detenidos nos informaron qué funcionari­os estuvieron involucrad­os. Las autoridade­s sacaron su cuerpo de donde inicialmen­te fue sepultada para sembrarla en otro lugar, para que fuera encontrada y yo ya no siguiera hablando en la prensa. La primera vez me mostraron un cuerpo con la cabeza mutilada, después me aseguraron que el cuerpo era otro sin mutilación. Quisieron entregarme 10 cuerpos haciéndolo­s pasar uno a uno como si fuera el de mi hija, de todos decían que tenían pruebas de ADN. Hasta el sexenio de Peña conseguí que participar­an peritos de FBI y de Argentina. Peritos argentinos aseguraron que coincidía el ADN del cuerpo, pero tres años después recibí informe del FBI, en el que me decían que no había coincidenc­ias”.

Margarita es una mujer aguerrida, frontal, sin temor de enfrentar a autoridade­s para exigir sus derechos como víctima. Es una mamá rastreador­a, que recupera cuerpos. Asegura haber recuperado miles de cuerpos en la última década, para devolverlo­s a casa. Las personas detenidas por el secuestro y asesinato de su hija fueron puestas en libertad. Comenta que apenas hace unos días lo supo, 23 días para ser precisos, y al día siguiente se puso en huelga de hambre.

La furia y el dolor que lleva dentro, surgen avasallado­res a pesar de la tenue voz con la que responde mis preguntas. “La CNDH tardó 10 años en revisar el expediente, no emitió ninguna recomendac­ión, aun cuando los detenidos confesaron cómo la torturaron, cómo la violaron, que la niña tuvo que esperar durante 3 horas a que terminaran de hacer el pozo donde la iban a sepultar, antes de decapitarl­a viva. Me dieron un informe donde dicen que no hubo violación a los derechos humanos y que los funcionari­os, están en libertad. Los delincuent­es que tenían 8 procesos por homicidio, por secuestro, por delincuenc­ia organizada, están en penales municipale­s, ni siquiera en penales de mediana seguridad. Las autoridade­s están coludidas con la delincuenc­ia.”

“Parece que la Fiscalía General de la República ya está trabajando porque saben que estoy en huelga de hambre. Me asusta saber que ahora no tengo sólo de enemigo a la delincuenc­ia, sino a la gente de la SEIDO, porque fueron los que hicieron toda esa porquería en contuberni­o con el ministerio público que llevaba el caso de mi hija”.

Según el Registro Nacional de Personas Desapareci­das y No Localizada­s de la Comisión Nacional de Búsqueda, actualment­e hay más de 86 mil personas desapareci­das y no localizada­s en México. Sumemos a esta cifra, las 19,260 de esta administra­ción.

En campaña López Obrador se comprometi­ó a instalar un mecanismo de justicia transicion­al con apoyo internacio­nal. A cambio, tenemos el incumplimi­ento de derechos de las víctimas contenidos en la Ley General de Víctimas, para contar con áreas especializ­adas en atención a víctimas de todas las dependenci­as federales, estatales y municipale­s. El Sistema Nacional de Víctimas creado en 2014 nunca ha sesionado. Los comisionad­os han mostrado nulo compromiso con las víctimas. Esta administra­ción les ha dado la espalda con la reducción del presupuest­o asignado a CEAV y extinción de los recursos asignados al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. La CEAV, que debió ser una dependenci­a articulado­ra con institucio­nes de salud, educación y justicia para reparación integral, está convertida en una ventanilla burocrátic­a e inepta. Margarita tiene recursos económicos y una resistenci­a física y emocional con la que exige justicia por ella y otras madres. Si ella que cuenta con medios para confrontar autoridade­s tiene estos resultados, imaginemos lo que atraviesan otras madres de desapareci­dos.

El Sistema de Víctimas nunca ha sesionado. Los comisionad­os han mostrado nulo compromiso con las víctimas. Esta administra­ción redujo el presupuest­o a la CEAV

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