PROYECTO UNAM
El 24 de marzo de 1976 cayó sobre este país una oscura y tenebrosa noche que llevó dolor y muerte a su población. Una investigadora que lo vivió en carne propia lo recuerda y analiza
Karina Ansolabehere Sesti, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, analiza el golpe de Estado en Argentina, hace 45 años, y sus consecuencias.
Poco antes de la una de la mañana del miércoles 24 de marzo de 1976, la presidenta de Argentina, María Estela Martínez de Perón, subió a un helicóptero que la trasladaría a la Quinta de Olivos, la residencia presidencial que se ubica en el norte de Buenos Aires. Sin embargo, ya en pleno vuelo, el piloto de la nave tomó otra ruta y aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery, donde Martínez de Perón fue recibida por un oficial del Ejército, otro de la Marina y otro más de la Fuerza Aérea. De inmediato, éstos le comunicaron que las Fuerzas Armadas habían tomado el poder político del país y que ella ya no ejercía el cargo de presidenta.
Las primeras medidas que tomó la junta militar golpista, integrada por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas (Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti), fueron la instauración del estado de sitio y la ley marcial, el establecimiento de la pena de muerte para los opositores, la clausura del Congreso Nacional, la sustitución de los miembros de la Corte de Justicia por jueces incondicionales al nuevo régimen, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política y la imposición de una tenaz y minuciosa censura en todos los medios de comunicación.
Esta oscura y tenebrosa noche que cayó sobre el país sudamericano se prolongaría hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando la democracia regresó de su exilio con la asunción al poder del presidente Raúl Alfonsín. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias del golpe militar, ocurrido hace ya 45 años, en la vida de los argentinos?
“El 24 de marzo de 1976 es una fecha trágica para los argentinos; representa el comienzo de una de las épocas más violentas y terribles que hemos vivido. A partir de ese día, la dictadura militar puso en marcha una política de eliminación de la oposición de izquierda. Así, quienes se autodenominaron ‘Proceso de Reorganización Nacional’ recurrieron a la desaparición como el principal mecanismo para eliminar a los individuos y grupos que consideraban subversivos”, dice Karina Ansolabehere Sesti, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en derechos humanos.
El terror como estrategia
Los opositores eran desaparecidos por el Estado y llevados a centros clandestinos de detención, el más famoso de los cuales fue la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde sufrían todo tipo de torturas para que dieran información que permitiera capturar a más opositores y eliminarlos.
“Es más, la dictadura militar llegó a desaparecer a mujeres embarazadas, las cuales permanecían en cautiverio hasta que daban a luz. Entonces, sus bebés eran entregados ‘en adopción’ para que sus nuevas familias les dieran una educación cristiana y no ‘subversiva’, como la que sin duda les hubieran dado sus auténticos padres”, apunta Ansolabehere Sesti.
Este modus operandi, basado en el terror como una estrategia de control político, propició la desmovilización de la oposición y de la población en general. De esta manera se impuso un estado de terror brutal, en el que la desaparición fue el principal medio, pero no el único, de violación de los derechos humanos.
“Yo tenía seis años cuando sucedió esto y recuerdo el terror que me causaba ir por la calle o en el auto con mis padres, y ver cómo los soldados detenían arbitrariamente autos, hacían bajar a las personas que iban en ellos, las cacheaban en busca de armas y luego las ponían contra una pared. Todavía hoy, esas imágenes no se me borran de la mente.”
Alternativas
Según el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la cifra de personas desaparecidas en Argentina entre 1976 y 1983 ascendió a 30 mil.
Al respecto, la investigadora universitaria comenta: “Como siempre ocurre en estos casos, y lo podemos comprobar con la tragedia de las desapariciones en México, no estamos completamente seguros de los números, pero 30 mil es una cifra aceptada por el movimiento de derechos humanos. Con todo, yo creo que la desaparición, ya sea de una o de 30 mil personas, es inaceptable, pues se trata de una violación gravísima de los derechos humanos. Ahora bien, de lo que no tenemos duda es que la dictadura militar implantó un régimen de violencia y terror que utilizó la desaparición de una manera generalizada y sostenida en el tiempo, es decir, no ocasional.”
El 24 diciembre de 1986 fue promulgada la ley de Punto Final, que establecía la caducidad de la acción penal contra los acusados de haber cometido el delito de desaparición durante la dictadura militar; y el 8 de junio de 1987 fue promulgada la ley de Obediencia Debida, en virtud de la cual los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas cuyo grado hubiera estado por debajo del de coronel durante la dictadura militar no eran punibles porque respondían a órdenes emanadas de mandos superiores.
Asimismo, entre el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990, el presidente Carlos Saúl Menem emitió una serie de decretos para indultar a todos los militares y civiles (incluyendo a los miembros de los grupos guerrilleros) que cometieron crímenes durante la dictadura militar y que ya purgaban una condena.
“Las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida intentaron poner un límite a la búsqueda de justicia para las víctimas de la dictadura militar. En este sentido representan dos momentos tristes de la historia de Argentina, pero hay que contextualizarlas. No son el resultado de una decisión aislada de Alfonsín, sino la respuesta a un intento de golpe militar articulado por una fracción del Ejército que en esos momentos de la transición presionaba mucho y que incluso amenazó, se sabe ahora, con atacar a los civiles que estábamos en Plaza de Mayo defendiendo al gobierno democrático. Con esto se puede ver que, después de procesos tan traumáticos y dramáticos como la dictadura militar que padeció Argentina entre 1976 y 1983, el camino hacia la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas no es corto, continuo ni lineal; más bien es un camino largo, con avances y retrocesos, y, muchas veces, con desviaciones. En cuanto a los indultos de Menem, también implicaron un retroceso, pero a la vez empujaron a la sociedad civil, al movimiento de los familiares de los desaparecidos y de derechos humanos, a no dejar de demandar y buscar alternativas, como los Juicios por la Verdad y los juicios por los niños apropiados”, señala Karina Ansolabehere Sesti.
Enseñanza
Las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, así como los indultos de Menem, fueron anulados. El caso de Argentina, a 45 años del golpe de Estado, no está cerrado. Los juicios todavía continúan, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo todavía buscan a sus hijos y nietos, los antropólogos forenses todavía trabajan para identificar cuerpos y megacausas como la de la ESMA todavía siguen adelante.
“Como ya dije, el golpe de Estado de 1976 fue un hecho trágico para los argentinos, pero ese hecho tan abominable también dio inicio a un movimiento de familiares y de derechos humanos que no ha parado de demandar verdad, justicia y reparación de las víctimas. De situaciones tan terribles no se sale fácilmente. El camino es largo. No obstante, los grupos de familiares como los de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, y las organizaciones de derechos humanos han mantenido esta lucha contra viento y marea. Creo que ésta es la enseñanza”, finaliza la investigadora.
KARINA ANSOLABEHERE SESTI Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
“El 24 de marzo de 1976 es una fecha trágica para los argentinos; representa el comienzo de una de las épocas más violentas y terribles que hemos vivido”