El Universal

JUICIO MEDIÁTICO A GARCÍA CABEZA DE VACA

La FGR sólo ha acreditado delitos fiscales contra el gobernador; no obstante, se le ha señalado de tener nexos con el narco y de robo de armas en EU sin pruebas. UIF incluso no asegura vínculo con cártel

- HORACIO JIMÉNEZ —horacio. jimenez@eluniversa­l.com.mx

El desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se dirime en dos frentes: el judicial, con la solicitud del juicio de procedenci­a en la Cámara de Diputados; y el mediático, donde se le ha acusado, sin pruebas, de tener vínculos con el crimen organizado, de haber sido detenido en 1986 en Estados Unidos por robo de armas y de que el Cártel del Golfo

financió su campaña a la presidenci­a municipal de Reynosa en el año 2004.

De hecho, la Fiscalía General de la República (FGR) no comprobó estas afirmacion­es en la acusación con la que busca retirarle la inmunidad para llevarlo ante un juez.

EL UNIVERSAL publicó el pasado lunes que la Fiscalía General de la República sólo sustentó las acusacione­s de delincuenc­ia organizada, lavado de dinero y defraudaci­ón fiscal, con la compra-venta de un departamen­to en Santa Fe; el impago de 6 millones de pesos de impuestos, así como de encabezar una organizaci­ón criminal para extraer más de 55 millones de pesos del erario de su estado, con el apoyo de empresas fachada, para beneficiar a una empresa familiar.

Pero, al no poder sustentar los presuntos vínculos con el crimen organizado, el robo de armas en Estados Unidos, y las delaciones de que el Cártel del Golfo (CDG)

financió su campaña para la presidenci­a municipal de Reynosa en 2004, ésto no fue incluido en la carpeta de investigac­ión que se encuentra en la Sección Instructor­a de la Cámara de Diputados, y solamente se quedaron en la relatoría de hechos, lo cual se está utilizando de manera mediática en distintos medios.

El 29 de junio de 2020, el morenista Alejandro Díaz Durán presentó una denuncia contra García Cabeza de Vaca en la que señalaba que sus ingresos como funcionari­o no correspond­ían con las propiedade­s, vehículos y cuentas que presuntame­nte pertenecen al mandatario panista, o en conjunto a su familia.

Díaz Durán aseguró que García Cabeza de Vaca ha estado en el radar de las corporacio­nes policiacas de México y Estados Unidos, con sospechas de vínculos con el crimen organizado, así como con operacione­s con recursos de procedenci­a ilícita.

Mencionó que el mandatario fue detenido en McAllen, Texas, por robo de armas “y ahí inició su oscura carrera política en el año de 1998, al participar como precandida­to a la presidenci­a municipal de su natal Reynosa, Tamaulipas”.

Además, lo vinculó presuntame­nte con células del narcotráfi­co, lo que le otorgó al gobernador recursos para su familia, y describió que en 2004 el entonces mandatario Tomás Yarrington le dijo al empresario Antonio Peña Argüelles que necesitaba conseguir recursos del CDG para apoyar la candidatur­a de García Cabeza de Vaca, porque tenía especial interés de que él ganara, pues él le ayudaría con los votos.

Según Díaz Durán, Peña Argüelles pidió el dinero a Héctor Sauceda Gamboa, hermano de Gregorio Sauceda Gamboa El Metro 2, miembro del Cártel del Golfo

y jefe de la plaza en Reynosa, quienes le proporcion­aron medio millón de dólares. Sin embargo, nada de esto fue sustentado o comprobado por la autoridad judicial.

Díaz Durán basó sus acusacione­s contra el gobernador panista de tener vínculos con el crimen y haber sido financiado por el CDG

en las declaracio­nes que hizo el testigo colaborado­r Ángeles en la declaració­n ministeria­l rendida ante el agregado de la FGR en Texas, Estados Unidos, ante el licenciado Kepler Barrón Arteaga.

Sin embargo, de acuerdo con un oficio de respuesta del 5 de mayo de 2016, dirigido al director General Adjunto de la Dirección de Apoyo Jurídico y Control Ministeria­l de la Subprocura­duría Especializ­ada en Investigac­ión de Delincuenc­ia Organizada (SEIDO), Héctor Alejandro Meza Cabello, se reveló que García Cabeza de Vaca no es mencionado en ese expediente.

“Al respecto, cabe referir que la indagatori­a señalada arriba consta de 420 tomos, más anexos; derivado de lo anterior, esta autoridad verificó los tomos de la misma y no se cuenta con declaració­n alguna del testigo colaborado­r con clave Ángeles, en la que declare contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca”, describe en la respuesta.

“Causa muerta”

Sobre el robo de armas, en noviembre de 2004 el fiscal del Condado de Hidalgo, Texas, René Guerra, declaró públicamen­te que esa causa ya estaba muerta para su oficina y aceptó que, efectivame­nte, se cometió un delito en 1986, pero García Cabeza de Vaca sólo acompañaba a otros hombres, y se les arrestó a todos.

Agregó que su oficina no iba a acusar a todos por los hechos de uno, y dijo que la política mala no le puede ganar, y cuestionó por qué se insiste en levantar muertos ya enterrados, pues García Cabeza de Vaca tiene todos sus derechos a salvo.

“Esa causa ya está muerta de parte de mi oficina, y de parte de los servicios de la policía de McAllen. Este muchacho [García Cabeza de Vaca] andaba con otros muchachos, un muchacho menor de edad, y se cometió un delito y arrestaron a todos. Nuestra oficina no va a acusar a todos por los hechos de uno, para mí, si no pueden hacer mejor política, que el señor García Cabeza

de Vaca a ganarle por mejores ideas contra él [sic].

“No sé por qué insisten en seguir una política, nos ofrecen como candidato para un pue sto a una persona a ganar con mejores ideas, la política mala no le puede ganar, no sé por qué insistimos en seguir levantando muertos ya enterrados, el señor tiene todos sus derechos aquí”, dijo René Guerra, fiscal del Condado de Hidalgo.

Unidad de Inteligenc­ia Financiera

El pasado viernes 19 de marzo, al comparecer ante la Sección Instructor­a, el titular de la Unidad de Inteligenc­ia Finanicera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que uno de los elementos que sustenta la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas es la compra de un departamen­to en 2013 en Bosques de Santa Fe, Ciudad de México, y que podría haber estado financiado por empresas fachada que utilizó el Cártel de Sinaloa.

Nieto Castillo reveló que la compra de este inmueble se hizo a través de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofome), la cual fue fondeada por dos empresas fantasma que eran utilizadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero, por lo cual se presume que la adquisició­n fue con recursos de procedenci­a ilícita.

“¿Qué se denunció? Se denunció una compra de departamen­tos con recursos de posible procedenci­a ilícita. No le correspond­e a la UIF más que demostrar hechos, y el Ministerio Público [MP] es el que puede calificar si se trata de conductas delictivas o no. La UIF no tiene la competenci­a

de ejercer la acción penal”, describió Santiago Nieto.

El funcionari­o explicó que la Sofome recibió de las dos empresas fachada dos transferen­cias o SPEI (Sistema de Pagos Electrónic­os Interbanca­rios) el 17 de diciembre de 2013 por 14.3 millones de pesos, una por 8.3 millones y otra por 6 millones. Y la Sofome le otorgó exactament­e 14.3 millones de pesos a García Cabeza de Vaca para la compra del departamen­to en Santa Fe, el 18 de diciembre, un día después de las primeras transferen­cias.

“Eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionad­o con el señor Francisco ‘N’; lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacció­n financiera, las dos empresas que terminaron enviando dinero a las Sofome, son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado”, dijo Santiago Nieto.

Sin embargo, el equipo de García Cabeza de Vaca presentó los estados de cuenta donde se observa que esos 14.3 millones de pesos fueron liquidados en 2019 con un crédito hipotecari­o de Banregio a nombre de García Cabeza de Vaca. Además, en la carpeta de investigac­ión para el desafuero del mandatario no se menciona nada del financiami­ento del Cártel de Sinaloa, pero sí la compra-venta de ese departamen­to.

Además, en esta audiencia el abogado de García Cabeza de Vaca, Alonso Aguilar Zinzer, preguntó en reiteradas ocasiones cuál era la fuente de informació­n de la UIF sobre posibles vínculos de las operacione­s financiera­s del gobernador con el crimen organizado, pero Santiago Nieto advirtió que no podía revelarlas porque estaría infringien­do la normativid­ad supranacio­nal. Aclaró que la UIF en ningún momento califica los hechos denunciado­s y solamente presenta los elementos con que cuenta.

Pero la FGR sí reconoce que, con las denuncias de Cristian Luna y Díaz Durán, se iniciaron las investigac­iones contra el mandatario panista, lo que derivó en la solicitud de desafuero. En esta carpeta de investigac­ión tampoco se le vincula a García Cabeza de Vaca con empresario­s relacionad­os al huachicole­o ni con empresas factureras, ni con el crimen organizado como sí lo mencionó el titular de la Unidad de Inteligenc­ia Financiera al hablar del Cártel de Sinaloa.

RENÉ GUERRA Fiscal de Hidalgo, Texas “Este muchacho [García Cabeza de Vaca] andaba con otros chicos, y se cometió un delito y arrestaron a todos. No vamos a acusar a todos por los hechos de uno”

SANTIAGO NIETO CASTILLO Titular de la UIF “No le correspond­e a la UIF más que demostrar hechos, y el Ministerio Público Federal es el que puede calificar si se trata de conductas delictivas o no”

“Eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionad­o con el señor Francisco ‘N’; lo que quiere decir es que las empresas con las que tiene transacció­n financiera han sido usadas por el [narco]”

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Facsímiles de los documentos en los que se aclara: 1) Que el testigo colaborado­r de la FGR bajo el nombre de Ángeles no vincula a García Cabeza de Vaca con el crimen organizado; 2) Los estados de cuenta del gobernador sobre la liquidació­n de 14.3 mdp en 2019 con un crédito hipotecari­o a través de Banregio.
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El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es acusado por la FGR únicamente por delitos de lavado, defraudaci­ón fiscal y delincuenc­ia organizada.
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El fiscal René Guerra dijo que Cabeza de Vaca está limpio en EU.
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