La hora del Tribunal
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación redactará la siguiente página de la historia. Escribirá sus primer as letras en estos días, colmados de ira, amenazas e incertidumbre. Se hallan pendientes ciertas decisiones que ocuparán aquella página y prevendrán las siguientes. Cualquiera que sea su sentido, tendrán un costo elevado. Marcharán entre clamores y resistencias. En suma, no será fácil resolver, aunque tampoco sea demasiado difícil en estricta legalidad.
En el Tribunal se hallan algunos temas de primer orden. De la solución que merezcan dependen el primado del Derecho y la razón. Conciernen a la preservación del orden democrático. En torno se han agitado todos los huracanes de que somos capaces, y lo somos de muchos. Principalmente—es obvio—en la víspera de unos comicios que serán trascendentales para el progreso o la declinación de nuestra democracia. No se trata, pues, de asuntos menores. Nos tienen en vela. El poder político se ha desplegado con agresividad, pero muchos ciudadanos resisten.
Por una parte, aguardamos la decisión judicial sobre la controvertidas obrer representación de una fuerza política en la Cámara de Diputados. ¿Es legítimo —y, por supuesto, constitucional— que esa fuerza desbordante cuente con una representación parlamentaria superior a la votación que obtuvo en las urnas, sobrer representación que es llave de una dictadura? Por otra parte, esperamos la decisión judicial acerca del cumplimiento —y sus consecuencias— de las “reglas
del juego” previstas en la ley sobre los gastos e informes de precandidatos. ¿Es posible eludir esas consecuencias, mediante interpretaciones artificiosas y reclamaciones tumultuosas?
Las respuestas provendrán del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hace siglos, el barón de Montesquieu dijo que el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley. Esta expresión ha de ser entendida a la luz de las circunstancias en que se escribió y de las condiciones en que ahora se lee. De lo que no hay duda es de que el juzgador que dirime una contienda ha de sujetarse a la ley y desoir las voces (altisonantes y amenazadoras) que le conminan a incumplirla e inclusive violentarla. Si el juzgador declina su misión, naufragarán las garantías de libertad, seguridad y justicia de las que depende el futuro de la nación.
Años atrás, el poder político, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo, tomaba las decisiones finales sobre el proceso electoral. Tenía en sus manos la voluntad de los ciudadanos. Ese tiempo ya pasó. Rige otra ley. Los ciudadanos reclaman sus derechos e impugnan la arrogancia del poder. Tenemos órganos independientes que vigilan la elección y resuelven sobre el cumplimiento de sus reglas. Por una parte, el órgano administrativo; por la otra, el jurisdiccional. Hacia éste se vuelven todas las miradas.
El Tribunal Electoral es fruto de una larga y compleja evolución. Nació débil y limitado —¡ pero nació !— y ha caminado un largo trecho. Hoy forma parte del Poder Judicial de la Unión, con la majestad y la dignidad que entraña esta eleva da condición.A título de órgano judicial, es independiente, imparcial y competente. Tales son las virtudes que sus integrantes deben ejercer sin desmayo. Por supuesto, lloverán sobre ellos las pretensiones del poderoso, administrador de la fuerza y promotor de la discordia, acostumbrado a imponer “su ley”. Por encima de éste, el Tribunal ejercerá su señorío: independiente, imparcial y competente. Así redactará la siguiente página de nuestra democracia. ¿No es verdad?