Otra vez Michoacán
La Tierra Caliente michoacana lleva semanas haciéndole honor a su nombre. Después de duros enfrentamientos, un grupo presuntamente vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tomó la cabecera municipal de Aguililla de manos de otros pistoleros que serían parte de los llamados Cárteles Unidos, una coalición de actores armados vinculados a los llamados Viagras y otros participantes de los mercados ilegales de la región.
En esta ocasión como en otras, las fuerzas del Estado se quedaron mirando. El convoy del CJNG llegó a Aguililla por la comunidad de Dos Aguas, pese a que hay en la zona un retén del Ejército y la Guardia Nacional.
Esto no es, ni de cerca, el fin del conflicto. Es muy probable que los Cárteles Unidos se reorganicen, se rearmen, reconstruyan relaciones con los actores armados locales y acaben retomando Aguililla, en un ir y venir que produce sufrimiento entre la población civil, pero no deja algún tipo de orden en la región.
¿Por qué esta guerra interminable? Creo que la mejor explicación ha sido articulada por Falko Ernst, el analista del International Crisis Group en México y una de las personas que mejor entienden la dinámica de los conflictos armados en el país.
En un hilo publicado en Twitter hace unos días, Ernst señalaba lo siguiente (traducción mía):
“Esta área [Tierra Caliente] ha sido la principal línea en la batalla del Cártel de Jalisco contra Cárteles Unidos durante años. Todos los niveles de gobierno están conscientes de ello, como lo están también de la crisis humanitaria y el desplazamiento de cientos de civiles. Pero nadie tiene interés en hacer ruido, especialmente de cara a las elecciones del 6 de junio.
La Guardia Nacional, la institución de seguridad insignia del gobierno, está cerca, pero se abstiene de proteger a la población. Contactos en los dos bandos criminales dicen que interviene activamente solo para favorecer a un lado sobre el otro, enviando en ocasiones a un helicóptero ocasional o permitiendo que ciertas líneas se mantengan.
Los activistas que buscan proteger y ayudar a las personas desplazadas describen un escenario en el que la Guardia
Nacional, otros actores estatales y los grupos armados ilegales toman turnos acordados para 'usar' el territorio –para mostrar presencia y hacer la guerra, respectivamente.
Los medios informan cuando se alcanza cierto espectáculo de violencia, pero no investigan las interacciones entre el Estado y los actores criminales que han hecho perpetuo este y otros conflictos armados regionales. La ley y la acción del Estado continúan siendo negociables, lo que socava la implementación de cualquier política.
Un contacto en un grupo armado dice que Cárteles Unidos está buscando una tregua con Jalisco al ceder a uno de sus aliados y un trozo de territorio. Si bien es incierto, esto podría reducir la violencia en el corto plazo. Pero tales acuerdos son siempre volátiles, lejos de cualquier cosa que se parezca a una solución duradera.”
Lo que está diciendo aquí Ernst es muy importante: en Michoacán, como en otras partes del territorio, pero de manera más obvia, las fuerzas del Estado, de todos los niveles de gobierno, operan como un actor armado más. En el mejor de los casos, tratan de preservar ciertos equilibrios, pero no frenar en definitiva el conflicto y desarmar a los contendientes.
Mientras ese hecho central no cambie –y no puede cambiar sin una reforma profunda al aparato de seguridad que involucre un fortalecimiento radical de los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas– el conflicto michoacano va a persistir. Así de sencillo.
Las fuerzas del Estado no frenan en definitiva conflictos en las entidades ni desarman a los contendientes