Detiene FGJ investigación contra Hiram Almeida
Extitular de la SSP estuvo entre exfuncionarios de la era Mancera indagados por peculado, según expediente; autoridades no mencionan motivos de suspensión
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) investigó a Hiram Almeida Estrada, exsecretario de Seguridad Pública (SSP) en la gestión de Miguel Ángel Mancera, por el delito de peculado —disponer o distraer de su objetivo dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, a petición de la Contraloría de la Ciudad de México, luego de que argumentaron que personal que laboró en el Gobierno de la Ciudad de México se enriqueció de manera inexplicable; sin embargo, las indagatorias se detuvieron.
La investigación contra Almeida Estrada quedó asentada con el folio CI-FSP/B/UI-B-2C/ D/18689/11-2019, donde la Contraloría de la Ciudad de México también imputó estos delitos a los exsecretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda de la pasada administración, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez —actualmente prófugo de la justicia—, Julio César Serna Chávez y Alejandro de Santiago Palomares Sáenz, pero en 2020 se ordenó que únicamente la indagatoria se continuara contra Serna Chávez y Palomares Sáenz.
Sin embargo, el extitular de la Seduvi tiene abiertas ocho pesquisas, una de ellas por el delito de desvío de recursos por el cual se giró la orden de aprehensión en su contra.
“En consecuencia, la presente carpeta de investigación se continuará única y exclusivamente por el imputado Julio César Serna Chávez”, se puede leer en la foja 15 del expediente.
“Con los originales de la presente carpeta de investigación, continúense recabando datos de prueba y realizando los actos de investigación correspondientes por el delito de peculado en contra del imputado Julio César Serna Chávez”, ordenaron las autoridades sin mencionar por qué se suspendió la indagatoria contra Almeida Estrada.
En la foja 17 se refiere que la indagatoria también continúa contra Palomares Sáenz, quien ocupó varios cargos en la pasada administración, como encargado de despacho en la coordinación general de la Central de Abasto, luego de que saliera Julio César Serna.
A la investigación se agregaron los vehículos a nombre de cada uno de los imputados, así como inmuebles y cuentas, para determinar si con el pago de sus salarios como funcionarios podían acceder a ellos.
De acuerdo con la carpeta, el 8 de noviembre de 2019, el apoderado legal de la Contraloría, Jorge Gabriel Morfín Salcedo, presentó la denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, luego de que el jefe de unidad departamental del órgano interno de la Secretaría de la Contraloría, Luis Antonio Contreras Ruiz, le reportara haber recibido —vía telefónica— una denuncia anónima en donde se solicitaba la investigación contra estos exfuncionarios por la evolución patrimonial que no correspondía con sus ingresos.
La contraloría se comprometió a entregar todas las pruebas necesarias contra los imputados, por lo que el 5 de mayo de 2020 se comprobó que las presuntas conductas delictivas no se realizaron en una coparticipación entre los investigados, por lo que la fiscalía pidió un desglose por separado de cada uno.
Al menos 23 exfuncionarios de la pasada administración tienen procesos abiertos en su contra. Algunos han sido detenidos, pero otros se encuentran prófugos de la justicia, de acuerdo con la fiscalía capitalina.