Preguntas en busca de respuestas
Hemos visto recientemente varias situaciones preocupantes. Una de ellas, que no han sido vacunados los trabajadores de la salud de hospitales y clínicas privadas, como si no calificaran igual que los médicos, enfermeras, camilleros y afanadores de hospitales y clínicas públicos y como si no estuvieran también en alto riesgo. Por más que el Presidente ofreció el pasado 6 de enero dicha inoculación, no se les ha cumplido.
Ahora anuncian algo similar con los maestros. El 29 de marzo el Mandatario anunció que la siguiente etapa de vacunación sería para los maestros y el personal educativo, con el objetivo dijo, “de regresar a clases en escuelas públicas y privadas”. De nuevo estableció la separación entre lo público y lo privado. Esto se suma al hecho de que hace unos meses, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología quitó los apoyos del Sistema Nacional de Investigadores a quienes pertenecen a universidades privadas.
Parecería como si fuera delito laborar en una institución privada, como si ello dejara fuera a quienes lo hacen, de formar parte del pueblo mexicano y de tener los derechos que eso significa en términos de ciudadanía.
Otra situación preocupante, ha sido el linchamiento a dos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Desde que nació ese organismo, muchos fuimos muy críticos hacia él por lo caro que cuesta y por la injerencia de los partidos políticos en sus decisiones, pero jamás porque pensáramos que no sirve, pues su organización de las elecciones y sus castigos a quienes no cumplen las reglas, han permitido a los ciudadanos conseguir a los gobernantes que quiere la mayoría.
Por supuesto, El INE puede ser reformado por el cambio de las condiciones sociales y económicas y por la constata ción de que ciertas de sus reglas conducen a situaciones problemáticas o indeseables, pero eso no significa que para hacerlo, se ataque de manera directa y violenta a quienes lo encabezan, poniéndolos en grave riesgo personal.
Pero promover linchamientos es algo que gusta mucho en la cultura mexicana. Son métodos bien conocidos por todos nosotros: los usan quienes reciben paga por cerrar calles, tomar edificios y atacar o defender a alguien. A estas alturas de nuestra vida política, ya nadie se cree ese discurso en el que se presentan como “luchadores del y por el pueblo que hacen esas acciones por su propia voluntad y para defender una causa”, como dijo uno de quienes tomaron hace unos días las instalaciones del Instituto. A menos claro, que esta causa sea preparar el terreno para acusarlos si pierden sus candidatos en las próximas elecciones.
Otra situación preocupante es el ataque presidencial a la ONG Artículo 19, sustentado en la acusación de recibir fondos del extranjero. Esto es absurdo, porque si bien efectivamente se trata de una organización internacional, eso es precisamente lo que le da buena parte de su fuerza y prestigio, lo que muchas veces se ha aprovechado aquí. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, se solicitó y aplaudió la intervención de organismos internacionales para a partir de sus dictámenes, enfrentar la versión oficial de los hechos, precisamente porque se los considera independientes de intereses particulares.
Es difícil entender estas actitudes. Por eso la pregunta es: ¿A quién sirve separar entre buenos y malos, públicos y privados, nacionales y extranjeros?