Gustavo Alanís Ortega y Luz Coral Hernández
GUSTAVO ALANÍS ORTEGA* y LUZ CORAL HERNÁNDEZ**
En el año 2020, desgraciadamente, se mantuvo la tendencia de creciente violencia que desde hace décadas han vivido las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México. Al igual que las administraciones anteriores, el actual gobierno federal no ha logrado disminuir las cifras de agresiones e incluso, el número de éstas se elevó en comparación con el año anterior. Durante el 2020, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C .( CE M DA) contabilizó 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos; de este número, la agresión más recurrente fue el homicidio, con 18 personas defensoras ambientales asesinadas.
Al presentar el pasado martes el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México en su edición 2020, CEMDA detalló que, en lo que se refiere a las agresiones por entidad federativa, se registró un aumento de los ataques en Chiapas, Campeche, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.
En 2020, el CEMDA contabilizó 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos, y un saldo de 18 defensores ambientales asesinados.
En cuanto al tipo de víctima, los ataques perpetrados se realizaron tanto hacia personas en lo individual, contra dos o más personas, contra comunidades, así como contra organizaciones de la sociedad civil que ejercen la defensa ambiental, de la tierra o el territorio. Referente a los ataques en contra de personas en lo individual ,19 fueron contra hombres (15 de ellos asesinatos) y 11 contra mujeres (3 asesinatos ). Por otro lado, se registra ron 16 ataques (24.6%) contra comunidades y 12 ataques (18.5%) contra organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Respecto de los sectores generadores de las agresiones, los dos principales son el forestal y el de vías de comunicación con 24.6% del total, cada uno. En el primer caso, la mayoría se relaciona con tala clandestina. En el rubro de obras relacionadas con vías de comunicación, se registraron 8 ataques vinculados con el proyecto del Tren Maya; 3 relacionadas con el proyecto de la carretera en San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México; 3 con el caso de la construcción del Puente Vehicular Xochimilco, en Ciudad de México y 3 más con construcciones de carreteras en diferentes estados.
Referente al tipo de agresión, por segundo año consecutivo desde el inicio de la presente administración federal, la agresión más frecuente ha sido el homicidio. La segunda agresión, con un total de 16 casos (17.8%), corresponde a las amenazas. Otras agresiones documentadas incluyen la intimidación, la criminalización, el hostigamiento y las agresiones físicas. En 26 de las agresiones (40% de los casos) se conoce que el agresor registrado fue presuntamente un agente del Estado. En menor medida, se identificó como agresores a miembros de las comunidades donde habitan las personas defensoras (6.2% del total); a empresas privadas (4.6% del total); así como a caciques y grupos paramilitares (3.1%), respectivamente.
La indiferencia e inacción del Estado mexicano se refleja en que el El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no cuenta actualmente con los recursos económicos y materiales suficientes para llevar a cabo su labor, pues ha sufrido constantes recortes presupuestales y de personal, los cuales deben de cesar.
Luego de ocho años de registro, documentación y visibilización de las agresiones perpetradas contra las defensoras y los defensores ambientales, el CEMDA confirma que la violencia estructural, sistemática y generalizada que se vive en México continúa impactando los derechos humanos de quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio. ¿Y a los defensores ambientales quién los cuida? El actual gobierno federal no puede dejar pasar la oportunidad histórica de sentar las bases para un México donde la defensa de nuestro patrimonio natural, la tierra y el territorio se realice con plena garantía y respeto a los derechos humanos.