Cinco razones para no ampliar el mandato de Zaldívar

Bien dicen que “los buenos tiempos para los constitucionalistas, son malos tiempos para la Constitución”. Lo sucedido en el Senado respecto a la aprobación de las leyes secundarias de la reforma judicial de López Obrador y Zaldívar, resulta una decisión jurídicamente aberrante y políticamente incorrecta. A continuación ofrecemos cinco razones sobre por qué debe ser rechazada.

1. La reforma constituiría una violación directa a la Constitución. La Constitución es clarísima cuando señala que la presidencia de la Corteseeligecadacuatroaños.Y,sin embargo, la iniciativa que aprobó el presidente de la Corte hasta el 30 de noviembre de 2024, casi seis años después del inicio de su encargo poco después de que el presidente López Obrador deje el poder.

2.Lareformaviolaríaelprincipio de independencia judicial. La independencia judicial implica que se deben establecer procedimientos estrictos para el nombramiento de los jueces, en los que se fijen con claridad los períodos de nombramiento. La reforma no sólo alteraría el periodo constitucional de Zaldívar, sino que permitiría que sea el Poder Legislativo, y no los ministros de la Suprema Corte, quienes determinen quién debe ser la cabeza de la judicatura.

3. La reforma entorpecería la consecución de la paridad de género. En toda su historia, nunca una mujer ha presidido la Suprema Corte. Al ampliar el mandato de Zaldívar, se posterga dos años más dicha posibilidad. Resulta contradictorio que una reforma judicial que dice impulsar la paridad de género ahora busque impedir que la próxima presidencia de la Suprema Corte sea ocupada por una mujer.

4. La iniciativa quita el foco del contenido de las leyes secundarias de la reforma judicial. En estos momentos, la atención debe centrarse en las reformas legales, pues en su correcta estructuración radica el potencial de la reforma constitucional y la corrección de sus desperfectos. Sin embargo, al aprobar un transitorio tramposo, la atención se trasladó a condenar la ampliación de mandato.

5. La reforma podría generar un daño irreparable a la legitimidad de todo el Poder Judicial. La historia reciente nos demuestra que ampliar los periodos de designación en la judicatura puede generar auténticos desastres. Vale la pena traer a la memoria la “Ley de Cuates”, esa infamia legislativa que prorrogó el mandato cuatro integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ese fue el inicio del fin. Hoy el Tribunal es un órgano capturado que no defiende la Constitución sino al poder en turno. Si se aprueba la ampliación de mandato, el menoscabo a la integridad del Poder Judicial será muy alto.

En resumidas cuentas, defender la ampliación sería tan costoso como innecesario. El Senado hizo mal su trabajo y puso entre la espada y la pared al ministro presidente y los consejeros de la judicatura. Y es que, quizá, ese es el costo de haber confiado y colaborado con una administración que respeta el Derecho a conveniencia. Tanto insistir en una reforma “con y para” el Poder Judicial para al final tener que deslindarse de la misma.

Resulta urgente un pronunciamiento explícito por parte de los involucrados. Bastaría con que él y los integrantes del Consejo digan, de manera contundente, que no desempeñarán el cargo más allá de lo que la Constitución les permite. Eso es lo que podría esperarse de quienes conforman uno de los órganos más importantes del Estado mexicano. Nada más y nada menos.

La reforma podría generar un daño irreparable al Poder Judicial.