Caen operativos y aumenta tala ilegal
Zonas afectadas pasaron de 108 a 122 y acciones contra este delito bajaron 75%
Las áreas con procesos críticos de deforestación por la tala clandestina relacionada con grupos de delincuencia pasaron de 108 a 122 en los últimos años, mientras que las acciones contra este delito se han desplomado, incluso antes de la pandemia. Las inspecciones en bosques, por incendios forestales, en aserraderos y mueblerías descendieron 75%, de 4 mil 600 en 2014 a mil 100 en 2020.
Acaxochitlán, en el norte de Hidalgo, es una de las zonas afectadas. Desde 2001 se han perdido 117 hectáreas de bosque virgen. Dos grupos de vecinos pelean por la propiedad de un bosque entre denuncias, amenazas y asesinatos.
En el mismo periodo, se deforestaron en México 3.8 millones de hectáreas, equivalentes al tamaño de Yucatán.
La niebla no deja ver a un palmo. Se asienta entre los tocones recién cortados, color amarillo fresco. El ulular del viento se mezcla con el balar del ganado y el canto de los pájaros.
Filiberta Nevado Templos, una mujer de 65 años que lleva más de una década luchando contra la tala ilegal en el norte de Hidalgo, se interna en lo profundo del bosque. Suena un ruido estridente, como una motocicleta al ralentí. Aumentan las revoluciones y se escucha el contacto de los dientes de la cadena de la motosierra mordiendo el tronco de un árbol. No hay ningún permiso vigente para talar. Quienes manejan la herramienta, ocultos entre la niebla, son talamontes ilegales. Por cada pino de tres metros que tumben se embolsarán 6 mil pesos.
Filiberta Nevado tiene miedo. “Si algo me pasa, la mato y la remato”, la amenazó un talamontes hace seis meses. Por eso, esta mañana de marzo escapa de la espesura hacia una zona más clara, cercana a las viviendas de la comunidad de Zacacuautla, municipio de Acaxochitlán, a un kilómetro de la frontera con Puebla. Hace dos décadas comenzó una pelea por la propiedad del bosque que lleva tres asesinatos, todos impunes.
Desde entonces, este municipio ha perdido 117 hectáreas de bosque virgen, unos 164 campos de futbol y una cobertura arbórea —la cantidad de capas de hojas y ramas que cubren el suelo cuando se observa desde altura— de 234 hectáreas, de acuerdo con los datos de Global Forest Watch, una aplicación de monitoreo forestal.
Acaxochitlán forma parte de las 122 áreas con procesos críticos de deforestación que ha identificado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la tala clandestina cometida o relacionada con grupos de la delincuencia. Son 14 más que en 2014. Mientras, las acciones contra este delito se han ido desplomando, incluso antes de la pandemia.
Las inspecciones en bosques, incendios forestales, aserraderos y mueblerías para revisar que no haya madera ilegal o incendios provocados descendieron 75% —de 4 mil 600 en 2014 a mil 100 en 2020.
Las incautaciones bajaron 90% —de 54 mil metros cúbicos de madera a 5 mil— y los recorridos de vigilancia de bosques, de 2 mil 648 a 905.
De 2014 a 2020 sólo 347 personas han sido presentadas ante el Ministerio Público por tala ilegal. A estos datos, obtenidos a través de diversas solicitudes de Transparencia, se añade el recorte en el presupuesto de la Profepa, que pasó de recibir mil 100 millones de pesos en 2014 a 793 millones en 2020.
Caminar por las 170 hectáreas del bosque de pinos de Zacacuautla, que rodea los 3.5 kilómetros que separan la comunidad del pueblo de Honey, Puebla, corrobora en el terreno la comparación de las imágenes satelitales de la zona en 2004 y 2020: una cuarta parte ha perdido una cantidad importante de sus árboles.
En grandes extensiones de la cara oeste casi no quedan troncos anchos. En los tocones, algunos frescos y otros más antiguos, no hay marca de un martillo, una especie de sello con el que la Secretaría de Medio Ambiente debe autorizar que sean tumbados. Si se accede desde el este, se entra en una zona desolada de aproximadamente dos hectáreas. No queda un árbol en pie, pero sí basura quemada, aserrín reciente y astillas frescas. El color amarillo supera por mucho al verde.
Dos décadas de conflicto
La propiedad de 55 de estas 170 hectáreas, donde están unos mantos acuíferos que abastecen de agua a Zacacuautla, es el objeto del conflicto que comenzó hace 20 años. En ese tiempo, además de los tres asesinatos, ha habido amenazas y denuncias cruzadas entre la cooperativa El Ocotenco, liderada por Filiberta Nevado Templos, y la familia Canales Templos.
“Los Canales Templos dicen, de repente, que el monte es suyo y empiezan a talar de forma clandestina”, denuncia Nevado.
Ella asegura que el bosque pertenece a los Gómez García.
Francisco Gómez García fue asesinado en el año 2000 tras un primer juicio contra los Canales Templos. El siguiente albacea de la familia, Alejandro, llegó a un acuerdo con parte de la comunidad de Zacacuautla para venderles dos hectáreas de esos terrenos y donarles otras dos para un panteón.
En septiembre de 2004 fue asesinado Samuel Cruz Hernández. “Él vivía muy cerca del bosque y escuchaba cuando sonaba la motosierra. Nos avisaba e íbamos con la comunidad para correr a los talamontes”, dice. En enero de 2007, según Nevado, comenzó una tala a “matarras” —sin dejar ningún árbol.
“Entonces todavía usaban trabajadores normales. Íbamos ahí y les explicábamos que no les íbamos a dejar talar. Si insistían, les quemábamos las motosierras y les avisábamos que lo siguiente era su camioneta.
“A principios de 2009 ellos contrataron a una banda llamada Los Negros, que se dedica a la tala, al robo y al secuestro. Se puso cada vez más violento y ya sólo fuimos mujeres”.
Nevado recuerda cuando ella y otras siete mujeres se abrazaron a unos árboles y les pasaron la motosierra entre las piernas y por encima de la cabeza.
En 2013, tras años de denuncias contra los Canales Templos por abusar de esos permisos de aprovechamiento, la Profepa suspendió la tala. “Ahí celebramos a lo grande, pero fue una
3.8 MILLONES DE HECTÁREAS han sido deforestadas en México en 18 años, lo equivalente a la superficie de Yucatán.
122 ÁREAS con procesos críticos de deforestación hay en México por tala ilegal relacionada con grupos de delincuencia.
ilusión. En 2014 volvió la tala clandestina, pero el grupo se había disuelto. De 400 personas pasamos a menos de 60”, se lamenta. “Primero talaron poco, luego más fuerte. Y a partir de 2016, los Canales Templos se pelearon con Los Negros y entraron varias bandas más. En estos cuatro años se perdió mucho monte”. Las imágenes de satélite muestran esa cronología.
En su casa, en la vecina Tulancingo, Pedro Canales Templos niega las acusaciones. “A mí la Profepa me ha multado muchas veces, nos acusaban de talar por la noche, pero no éramos nosotros”, agrega mientras confirma la secuencia relatada por Nevado, con una diferencia: “Ella se unió a los talamontes, cobra de ellos, porque no me pudo quitar los terrenos”.
A él, dice, Los Negros le dieron una paliza en 2019. “Luego cargaron madera en nuestra camioneta y llamaron a la policía para que nos detuvieran por talamontes”. Asegura que los denunció desde 2016, pero sólo tiene copias de oficios de 2019. En venganza, cuenta, degollaron a su hermano Edmundo.
El policía estatal Benjamín Herrera se encarga de la seguridad de Acaxochitlán desde el 22 de enero de 2021. En dos meses ha recibido 60 denuncias ciudadanas de tala ilegal.
“Los que talan ilegalmente son gente de las comunidades, que lo hacen sin control, y otros que entran desde municipios de Puebla a robar árboles”, cuenta. “Ellos manejan halcones, menores de edad en moto, y si nos detectan, se van”.
Adiós a 4 millones de hectáreas
Un estudio de la Comisión Nacional Forestal estimó que entre 2001 y 2018 se deforestaron en todo México 3.8 millones de hectáreas; unas 212 mil hectáreas al año, aproximadamente la misma superficie que el estado de Yucatán.
Los datos de 2020 señalan que aún existen 65 millones de hectáreas de bosque y selvas, y 15 millones más de otras áreas forestales. El valor ecológico de los bosques y selvas, en un contexto de calentamiento global acelerado, es regular el clima, capturar carbono y otros contaminantes. También infiltran y retienen la lluvia hacia los acuíferos, de los que beben las ciudades y la fauna.
La organización Greenpeace enumera dos causas para la deforestación en México: el cambio de uso de suelo para convertir los bosques en campos agropecuarios y la tala ilegal.
“La tala clandestina involucra a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, transportistas y dueños de aserraderos y madererías”, señaló la Profepa ante un cuestionario.
Para explicar la tala ilegal, enlista fenómenos como que el mercado necesita más madera que la producción legal de bosques; el cambio de uso de suelo de terrenos forestales para ampliar zonas de cultivo, ganado y asentamientos humanos; la indefinición en la tenencia de la tierra, que hace que entre comunidades vecinas se aprovechen los recursos clandestinamente, y la falta de alternativas económicas que orilla a incurrir en la tala de subsistencia.
Respecto a la baja en los indicadores, la Profepa argumenta que “a partir de 2019 se implementó la atención prioritaria de zonas donde se concentra un mayor número de ilícitos forestales, o a áreas naturales protegidas, a fin de que en ellas haya una presencia constante”.
FILIBERTA NEVADO Defensora del bosque “En 2004 asesinaron a Samuel. Vivía cerca del bosque. Nos avisaba cuando sonaba la motosierra e íbamos ahí para correr a los talamontes”
BENJAMÍN HERRERA Jefe de policía en Acaxochitlán “Los que talan ilegalmente son gente de las comunidades o los que vienen de Puebla a robar árboles. Manejan halcones que avisan si vamos”