La oscura historia del padrón celular y los biométricos
Amediados del año pasado, cuando se discutía la iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Cámara de Diputados solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) una opinión sobre el tema.
La propuesta del entonces diputado Mario Delgado ya incluía la creación del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, el Registro Público de Concesiones y el Sistema Nacional de Información de Infraestructura. En una respuesta institucional, el IFT dio sus comentarios y refrendó la posibilidad de emitir los lineamientos para dicho padrón.
Unos días después, el comisionado del IFT, Sóstenes
Díaz González, a título personal, envió una respuesta con la propuesta de incluir en dicho padrón la obligación de los usuarios de proporcionar sus datos biométricos.
La propuesta del comisionado, a la que después se adhirieron Mario Fromow, Javier Juárez,
Arturo Robles y Ramiro Camacho —es decir, el resto de los integrantes del Pleno del IFT, con excepción del presidente, Adolfo Cuevas— propuso operar, regular y mantener el registro de usuarios móviles, así como establecer los procedimientos para validar la información que deba incorporarse al padrón.
“El Instituto llevará el Registro Público de Telecomunicaciones, el cual estará integrado por el Registro Público de Concesiones, el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil y el Sistema Nacional de Información de Infraestructura”, se lee en el oficio que salió de la oficina del comisionado Díaz.
Agrega que el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil contendrá la siguiente información: número de línea telefónica móvil, fecha y hora de la activación de la línea adquirida en la tarjeta SIM, nombre completo, denominación o razón social del usuario, nacionalidad, número de identificación oficial con fotografía y Clave Única de Registro de Población del titular, así como datos biométricos del usuario o del representante legal de la persona moral.
Adicionalmente, el comisionado Sostenes Díaz pidió una reunión con los legisladores de las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Seguridad, así como con los diputados promoventes de la iniciativa, para tratar el tema y exponer los puntos incluidos en la iniciativa.
Hoy el IFT se queja de que no tiene presupuesto para administrar la información de más de 130 millones de líneas telefónicas que existen en el país, por lo que pedirá a la Secretaría de Hacienda 700 millones de pesos para la implementación e instalación del sistema informático que gestionará todos los datos.
En la opinión de los comisionados del IFT se especifica que los concesionarios de telecomunicaciones deberán recabar y validar la información sobre la identidad, datos biométricos y domicilio del usuario, así como proporcionar la información con la cual se integrará el registro ante el organismo regulador. Esto pone en riesgo una fuga de datos de los usuarios, como sucedió con el Renaut en 2009, los cuales acabaron en el mercado negro.
El dictamen de los diputados recogió la propuesta de los comisionados del IFT, liderados por Sóstenes Díaz, y así se publicó en el Diario Oficial de la Federación. El trasfondo del padrón y la entrega obligatoria de datos biométricos, lo cual es sumamente impopular para el partido en el gobierno y para el propio presidente López Obrador, tendría que ver con intereses externos de empresas que buscan proporcionar los servicios de biometría.
Y, por si fuera poco, revive la intención de la Secretaría de Gobernación de crear una base de datos de los ciudadanos. De hecho, la dependencia a cargo de
Olga Sánchez Cordero ya entró en contacto con el IFT para ver de qué forma pueden beneficiarse del padrón.
El trasfondo del padrón tendría que ver con intereses externos de empresas que buscan proporcionar servicios de biometría