Marcela Gómez Zalce
Uno de los asuntos necesarios y hasta inherentes al funcionamiento democrático es la diferencia de criterios y hasta de intereses entre el Ejecutivo y el Legislativo. México tiene una endeble democracia y los sexenios neoliberales no estuvieron exentos de excesos, embates y debates en torno a la misma y la Suprema Corte de la Nación tampoco ha sido lugar donde la transparencia y la rendición de cuentas sean un común denominador. Cada presidente en turno mueve, coloca y manipula a los ministros de acuerdo a sus intereses y presiones de actores externos. El poder político y económico siguen teniendo lazos indisolubles pese al risible mote de la mafia del poder. El adjetivo lopezobradorista fue plataforma para su discurso antisistema, nacionalista y simulador.
Las arengas y las viejas promesas del “no somos iguales” palidecen ante los recientes acontecimientos —cuyo disparador es la preocupación de un descalabro electoral— que han detonado malestar, inquietud y sorpresa por los constantes ataques contra todo aquel que ose contradecirlo.
Acompañado del silencioso círculo del consentimiento, el presidente en absoluto control. Las mentiras grandes y pequeñas para todo al servicio de un código de lealtad colocando la verticalidad de su transformación por encima de la moral, la verdad y de la ley. Asombra lo que el rencor ha transformado a López Obrador cuyo llamado para la reconciliación nacional y al humanismo amoroso fue perversa cortina de humo. La narrativa polarizante contra el árbitro electoral —que le arrebató el triunfo del 2006 y le dio la presidencia en el 2018— construye un tóxico relato alimentando el pensamiento grupal que infecta la cultura democrática.
La maniobra de pisar la Constitución, que juró hacer cumplir, para la “ampliación” por dos años del periodo del ministro Arturo Zaldívar con la pedestre justificación de la necesidad de una reforma judicial de gran calado que no le confía a los actuales ministros, es normalizar un comportamiento presidencial y su efecto corrosivo de preferir la lealtad a su misión y visión, que al Estado de derecho y el principio de no reelección.
El fondo no está sujeto a discusión. Urgen reformas al poder judicial, sin embargo, la forma es un absoluto asalto a la división de poderes. El periodo del presidente de la Corte es improrrogable pese al albazo, la demagogia y el cómplice silencio dentro de la cuatroté.
Los escenarios para que Zaldívar salga oliendo a rosas en un mar de estiércol moreno son varios; el primero que los legisladores no dieran entrada al transitorio violador (al cierre de este espacio avanzaba la aprobación del mismo). El segundo que se apruebe y el ministro, pese a las presiones de palacio no acepte la aberración jurídica.
El tercero es doblegarse, operar las instrucciones presidenciales y de acuerdo a la coyuntura política, en 2022 decidir terminar su periodo como presidente de la Corte y continuar como un ministro más hasta su retiro.
Esto abriría la puerta prometida, según alegan fuentes, a la ministra Yasmín Esquivel a quien le prometieron la presidencia. Y el último escenario de Zaldívar es la genuflexión total y al diablo la reputación.
La descarada intromisión del Ejecutivo sentará un precedente y todos aquellos que busquen el dominio de una forma excesivamente agresiva arriesgan aún más la destrucción institucional. La disposición con la que se desdeñan los pesos y contrapesos que salvaguardan la democracia incluyendo la independencia del poder judicial desencadenará un efecto multinivel.
La proyección de este gobierno con su terco accionar a nivel estratégico y con prospección global tendrá altos costos y reacciones que hoy, borrachos en el palacio de la soberbia y en la cumbre del poder, no logran vislumbrar. La apuesta por la continuidad de su proyecto transexenal es la meta y harán todo por obtenerlo.
Los escenarios para que Zaldívar salga oliendo a rosas en un mar de estiércol moreno son varios