Kenia López Rabadán
El Poder Judicial de nuestro país atraviesa por uno de los momentos más complejos de su historia. Hace unos días se aprobó en el Senado de la República, la ampliación del mandato del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, contraviniendo a la Constitución general.
El Presidente López Obrador —a través de sus legisladores—, le está haciendo “un favor” al Presidente de la Suprema Corte y a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Lo que no se sabe aún es cómo les cobrará ese favor.
Es preciso recordar que nuestro máximo tribunal está integrado por 11 ministros, mientras que el Consejo de la Judicatura Federal está integrado por 7 consejeros. En esta administración se han nombrado a tres ministros y a tres consejeros. Para estos nombramientos se ha necesitado del voto de las dos terceras partes de los senadores, es decir, de los votos de la oposición. Por lo que en esencia, no le deben nada al gobierno federal.
El Poder Judicial atraviesa por sus horas más oscuras. Sirva la metáfora para recordar cómo Churchill en la Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial refirió que estaban pasando por las horas más oscuras ante la invasión de tropas extranjeras. Hoy el Poder Judicial tiene una invasión interna y externa.
No sólo se está ampliando inconstitucionalmente el mandato del ministro Presidente, sino que se les niega a los demás integrantes de la Corte la posibilidad de acceder a la presidencia. Al interior del Poder Judicial se está viviendo una convulsión, ya que desde otro poder se favorece a uno y se discrimina a otros.
¿Cómo podría un respetable académico de carrera, de instituciones de gran prestigio como la UNAM o la Escuela Libre de Derecho como lo es el ministro Arturo Zaldívar, avalar algo que a todas luces es inconstitucional? Hasta hoy no se sabe. El estudio de este tema es jurídicamente sencillo, no se debe permitir que ninguna persona violente la supremacía constitucional, ni transgreda la independencia y autonomía de las instituciones.
El mensaje que se ha dado desde la Barra Mexicana Colegio de Abogados, desde la Asociación de Juzgadores, desde la academia, desde los juristas y conocedores del derecho, e incluso del consejero Bernardo Bátiz es clara: esta decisión es inconstitucional.
Esta aberración jurídica no se puede acompañar. Morena y sus aliados saben que no tienen los votos para modificar la Constitución, por eso se valen de este tipo de atropellos para transgredir el Estado de derecho en nuestro país.
Después de todo este desorden y abuso de poder, la pregunta es ¿será esto un ensayo para ampliar también la temporalidad del Ejecutivo Federal? En estricto sentido no hay diferencia entre el titular del Poder Ejecutivo y el titular del Poder Judicial. Ambos se encuentran reconocidos en la Constitución.
¿Acaso será una forma inmoral de empezar a construir el camino de una dictadura? Ojalá la inteligencia técnica, pero sobre todo, la inteligencia emocional, dirija el actuar de los beneficiarios de esta bajeza legal y cuando llegue para su estudio esta reforma, la declaren como lo que es: inconstitucional.