Carlos Heredia Zubieta
Frenar la migración es un objetivo inalcanzable. La migración es un fenómeno que acaso se puede administrar y gestionar, pero resulta imposible ‘resolverla’ y detener los flujos migratorios de manera permanente.
El presidente demócrata Joe Biden ha planteado un marco regional integral para abordar las causas de la migración, gestionarla y procesar de manera segura y ordenada a los solicitantes de asilo.
Por un lado busca regularizar a 11 millones de trabajadores sin papeles que ya están en Estados Unidos, y por otro atacar las causas de raíz del éxodo centroamericano; que lo encabece la vicepresidenta Kamala Harris significa que tiene la mayor prioridad.
En Estados Unidos la política migratoria es un tema interno, cuyas decisiones corresponden al Congreso. Los republicanos buscan ‘calentar’ mediáticamente la frontera entre EU y México, lo que reduce las posibilidades de que se apruebe la regularización de los sin papeles.
El plan no incluye dejar entrar a indocumentados que buscan llegar allá. De hecho, Washington cuenta con Guatemala y México para impedirlo.
Las causas de raíz del éxodo desde Guatemala, El Salvador y sobre todo Honduras son conocidas: la pobreza, la violencia y la corrupción que obligan a las personas a huir de su país. Hay también factores de atracción: centroamericanos y mexicanos quieren trabajar en EU porque ya están allá sus familiares y porque en un mes en Houston ganan más que en un año en San Pedro Sula.
En este río revuelto hay ganancia de quienes se dedican al tráfico y la trata de personas, con frecuencia vinculados al tráfico de drogas y de armas.
A su vez, Naciones Unidas, a través de la Cepal, ha planteado acertadamente que un Plan de Desarrollo Integral no debería tener como objetivo parar la migración per se, sino cambiar el estilo de desarrollo en nuestros países.
Hoy el mejor negocio en Centroamérica es exportar pobres para que envíen remesas a sus comunidades de origen, quienes primero son expulsados y luego criminalizados. Ni los gobiernos ni las élites quieren cambiar estas economías extractivas que exprimen a la mayoría de la población.
Los $4 mil millones de dólares que Biden espera invertir en cuatro años tendrán un mayor efecto multiplicador si se orientan a apoyar proyectos de desarrollo comunitario liderados por las propias comunidades, para promover infraestructura física, social e institucional. Se trata de reconstrucción tras los huracanes, distribución de vacunas y equipo de salud, acceso a agua limpia y saneamiento, adaptación de cultivos al cambio climático, educación, capacitación técnica para el trabajo, protección de los derechos humanos, seguridad pública, creación de espacios libres de violencia para las niñas y mujeres, desmilitarización, acceso a la justicia vía el establecimiento de una comisión regional contra la corrupción y la impunidad.
¿Con quién? Sí hay contrapartes en Centroamérica. Los conocen las embajadas, la USAID, y entidades como Catholic Relief Services y la Fundación Interamericana. Lo que hace falta es voluntad política para romper la dominación del pacto de corruptos que mantiene secuestrado al gobierno y al Estado para beneficio de unos pocos.
¿Frenará esto la migración? Por supuesto que no. Pero será un respiro, un alivio para muchos. Y eso es mucho más de lo que tenemos ahora.
La migración es un fenómeno que acaso se puede administrar y gestionar, pero resulta imposible ‘resolverla’