Héctor de Mauleón
Poco después de saber que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, decidió negarle la candidatura a la gubernatura de Guerrero, por haber cometido “una conducta dolosa, al no presentar informe de ingresos y gastos de campaña”, el morenista Félix Salgado Macedonio abrió el fuego ante un grupo de seguidores.
“Fíjense nada más, se cambiaron de nombre. Antes, el INE se llamaba IFE, y el TEPJF se llamaba Trife. En mi pueblo, cuando alguien roba se cambian el nombre. ¿No eres tú Ponciano? No, ahora soy Herculano”.
El chiste, celebrado a carcajadas por sus huestes, precedió al anuncio de que hoy dará a conocer los tres supuestos caminos que, según sus abogados, podría seguir para “que se respete la voluntad del pueblo”, porque, dijo, “la última palabra la dice el pueblo. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada”.
La decisión del Tribunal, por 6 votos contra 1 –el del magistrado presidente, José Luis Vargas, tomó a medio mundo por sorpresa. Había, sin embargo, señales de hartazgo ante las continuas presiones y el (mal) trato autoritario a que ha sometido a los magistrados el presidente López Obrador, quien hace poco les propuso abandonar los criterios legales y ponerse a hacer encuestas que consulten “la opinión del pueblo” para decidir precisamente el caso Salgado Macedonio.
A fines de la semana pasada hubo una respuesta por parte de cinco de los magistrados. Acusaron al presidente del Tribunal, José Luis Vargas –alfil del presidente– de actuar unilateralmente al postergar la discusión sobre el retiro de candidaturas a los aspirantes de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, y sobre la propuesta del INE para evitar que mediante engaños y alianzas se viole el 8 por ciento de sobrerrepresentación autorizado por la Constitución.
Los magistrados alegaron que la decisión de Vargas incidía “negativamente en la resolución de asuntos de carácter urgente”.
En el Tribunal circulaba la versión, sin embargo, de que al postergar la discusión lo que se pretendía era dejar crecer la presión sobre los magistrados, a fin de que resolvieran ambos temas según los deseos del Ejecutivo.
Los magistrados Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata, Janine Otálora, Felipe Fuentes e Indalfer Infante denunciaron que la decisión había sido tomada “en contravención de las atribuciones del pleno de este órgano jurisdiccional” y tenía efectos negativos en el desarrollo de las campañas.
Habían sido aplastados, y se armó Fuenteovejuna.
“¡Hay toro!”, había bramado Salgado Macedonio al salir el lunes pasado del Tribunal. Pero el Tribunal decidió que no lo había y que no podía haberlo.
Cuando el 25 de marzo el INE le canceló el registro, Salgado insistió en que nunca hizo precampaña y que por lo tanto no realizó gastos. Siguiendo el método favorito de la casa, más tarde cambió la versión. Culpó a Morena de no haber entregado su informe de gastos:
“Yo reporté a mi partido, el 9 de enero, tengo el acuse de recibido, y el término vencía el 11 y yo no fui notificado, por lo tanto hay una violación al proceso legal…”.
Como era de esperarse, el presidente de Morena, Mario Delgado, rechazó el fallo y llamó “a defender nuestra democracia en la forma como lo hicimos en 2018”.
El presidente López Obrador obtiene de este modo al mártir, a los villanos y el pretexto que necesitaba para linchar verbalmente a las autoridades electorales –e imponer, llegado el momento, una reforma electoral a capricho.
Comienza la victimización de Salgado, con su cauda de marchas, plantones y bloqueos. Comenzará probablemente la intentona de imponer como candidata a una “Juanita”, que renuncie tras llegar al cargo, y arreciarán también las presiones para negociar con los magistrados, o bien para aplastarlos.
En este contexto la rebelión de los cinco magistrados marca un antes y un después en el gobierno de la 4T, y vuelve convertir al presidente, por primera vez en mucho tiempo, en víctima de su propia boca. Se armó Fuenteovejuna.
El presidente obtiene el pretexto para linchar verbalmente a las autoridades electorales