José Carreño Carlón
NEn el principio fue el golpe consumado a la Constitución y a la Corte, con el Poder Legislativo como autor material y el Ejecutivo como autor intelectual. Lo cometieron con todos los agravantes: con plena conciencia de la gravedad de la violación, pero considerándola conmutable, en clave dictatorial, por una ‘causa superior’, como observa Silva Herzog Márquez. Y allí está la pretensión presidencial de ‘justificar’ el golpe de mano a cambio del supuesto bien mayor de imponerle a la Corte, de 2022 a 2024, un presidente —el actual—, si bien no elegido por sus pares para ese periodo, ni reelegible hoy, de acuerdo la Carta Magna, sí fue el Elegido por el señor de Palacio como el único ministro honorable a su vista, el único con la capacidad de llevar adelante su renovación del Poder Judicial al gusto de la 4T. El golpe fue, entonces, premeditado, con la alevosía de quienes saben que no hay riesgo de reacción defensiva de las víctimas, y con la ventaja de una aplanadora legislativa, también inconstitucional.
Pero la hoja de ruta trazada por el presidente de la Corte para procesar el golpe de los otros poderes, apunta a ‘legitimarlo’ con un autogolpe del Pleno de ministros. Y es que, con sólo el voto de los ministros (pro) puestos por el presidente de la República, sería derrotada la Acción de Inconstitucionalidad a promoverse contra un artículo transitorio que contradice, frase por frase, el 97 constitucional. Estaríamos ante la rendición humillante a la voluntad del Ejecutivo, agravada por la ‘justificación’ presidencial de la supuesta incapacidad y falta de honorabilidad de los demás ministros para suceder a su actual presidente. Y, de que el presidente de la República ya dio la orden a sus ministros —y la amenaza a los demás— para que procedan a ‘legitimar’ la extensión inconstitucional del periodo constitucional del presidente de la Corte, no deja duda la contundente sentencia adelantada por AMLO contra los que voten en sentido contrario: recibirán del gobierno, con todas sus consecuencias, el trato de cómplices del régimen de corrupción.
El presidente de la Corte cree salvar cara con su deslinde de la autoría del transitorio de la discordia y con su decisión de excusarse de participar en el autogolpe esperado de sus ministros. Pero de prosperar la maniobra, nada ni nadie podría deslindarlo de un precepto que en la opinión informada ya lleva su nombre: ‘Ley Zaldívar’, un engendro anticonstitucional con el nombre de quien preside el órgano salvaguarda de la constitucionalidad de las leyes. Y lo más grave: una ‘Ley Zaldívar’ decodificada ya en la conversación pública como probable precedente de una próxima ‘Ley AMLO’, por la cual el presidente López Obrador extendería su poder absoluto más allá de su periodo constitucional. Un golpe ¿anunciado? del que nadie se atreve (todavía) a decir su nombre.
Ni Díaz Ordaz. Más sensibilidad al pulso de la sociedad participante,
El presidente de la Corte estaría hoy en la disyuntiva de atender o no la última llamada para desistir de ese salto al vacío
como la llamó Paoli, mostró hace casi seis décadas, aunque usted no lo crea, el presidente Díaz Ordaz —paradigma del autoritarismo represor— al hacer congelar en el Senado la reforma aprobada en la Cámara de origen para la reelección de los diputados, que apenas entrará este año en vigor. Aun a través del cristal percudido de una prensa sofocada, Díaz Ordaz captó —y acalló así— el murmullo tóxico que veía en la reelección de los diputados un preparativo para su propia reelección. Tomando vuelo. Y a menos que el proyecto AMLO/Zaldívar vaya, en efecto, en la ruta de la perpetuación en el poder, en acuerdo o sin acuerdo con el presidente de la República, el presidente de la Corte estaría hoy en la disyuntiva de atender o no la última llamada para desistir de ese salto al vacío para el país, y para el que ambos parecen estar tomando vuelo.