Alejandro Hope
Durante su paso por la embajada de Estados Unidos en México, Christopher Landau fue más conocido por sus esfuerzos de inmersión en la cultura mexicana que por declaraciones ásperas. Ya de regreso en su país y sin representación oficial, esto parece haber cambiado.
En un evento realizado esta semana, el exembajador afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha adoptado “una actitud de 'laissez faire' (dejar hacer) ante los cárteles” y que estos, según algunas estimaciones, controlarían de 35 a 40% del territorio nacional.
Esta declaración se parece a la realizada hace un mes por el general Glen Van Herk, jefe del Comando Norte, quien afirmó que organizaciones criminales trasnacionales “operan con frecuencia en áreas ingobernables, de 30 a 35 por ciento de México”.
Los porcentajes son similares, pero los conceptos son distintos. El embajador habla de control, mientras que el general más bien habla de capacidad de operación. Creo que en ambos casos el juicio es incorrecto.
Empecemos con la versión más extrema, la del embajador. Hay muchas definiciones posibles de control territorial, pero la más sencilla se refiere a la capacidad de un actor para negar a terceros el uso de un espacio geográfico determinado. Controlar el territorio es manejar los accesos, determinar quién entra y quién sale
¿Hay algún rincón del país en el que un grupo criminal le pueda dar portazo y negar todo acceso al Estado mexicano? Francamente lo dudo. En última instancia, la superioridad militar del Ejército o la Marina frente a cualquier grupo armado irregular es abrumadora. Aún sin eso, no está de más recordar que no hay municipio donde no haya elecciones o donde no llegue algún programa social.
Entonces no, los grupos criminales no controlan 35 a 40% del territorio. O al menos no en la versión extrema del concepto.
Pasando a la versión del general, la idea de que existen áreas ingobernables del territorio, donde los grupos criminales pueden operar a discreción, no es descabellada, pero requiere varias precisiones.
En primer lugar, no hay espacio en el territorio enteramente sin gobierno. De nuevo, no hay municipio sin alguna escuela o clínica o representación material del Estado.
En segundo término, decir que un grupo criminal “opera” en una zona es como decir que tiene “presencia”. Casi todo cabe en ese concepto: una masacre, una narcotiendita, un enfrentamiento, un decomiso, una manta o una detención.
Se trata además de un concepto analíticamente vacío: no genera dato alguno sobre la estructura, tamaño relativo y lógica organizacional de las bandas criminales.
Entonces tampoco me creo la versión del general. Y, con todo respeto, tendríamos que ir dejando atrás ese lenguaje de contrainsurgencia para describir la situación del país
Por una parte, genera alarma al insinuar que las bandas criminales se encuentran desperdigadas en todas partes, sin considerar matices o grados.
Segundo, hace suponer que estamos ante grandes organizaciones con claro sentido estratégico, y no frente a una maraña de redes criminales con múltiples actores de diversos tamaños.
Tercero, hace pensar que hay una frontera bien definida entre bandas criminales y el Estado, cuando lo que hay en el territorio es una complejísima interacción entre fuerzas estatales, actores políticos y grupos armados.
Esto no significa que el problema de las bandas criminales no sea serio. Pero precisamente por la seriedad del asunto, no es admisible distorsionar la realidad sumando peras y manzanas o pensando en abstracciones con más valor propagandístico que utilidad analítica.
Lo que hay es una complejísima interacción entre fuerzas estatales, actores políticos y grupos armados