Mario Maldonado
La titular de la Función Pública, Irma Eréndira
Sandoval, tiene un pie y medio fuera del gabinete, y en su secretaría empiezan a rondar diversos grupos que buscan tomar las riendas de la lucha anticorrupción al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, algunos de ellos vinculados con el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
La única razón por la que Sandoval aún despacha es porque en Palacio Nacional no se define al personaje que llegará al relevo, pues los perfiles más fuertes para el cargo, Rosa Icela Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Raquel Buenrostro, del SAT, y Santiago Nieto, de la UIF, son indispensables para el Ejecutivo en las funciones que les asignó.
Irma Eréndira está informada de que sus servicios ya no son requeridos en el primer círculo de la 4T, y en su secretaría movió algunas piezas para proteger a su personal cercano, enviándolos a los Órganos Internos de Control de las dependencias. A la par, prepara la relación de actas para el proceso de entrega recepción.
Los pecados de la secretaria fueron muchos y muy graves: la acumulación de propiedades a través de su familia y la exoneración de personajes impresentables como el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz.
Sin embargo, ante el Presidente el único y definitivo agravio fue su activismo político en la elección de Guerrero; mejor dicho, la guerra sucia que emprendió para descarrilar la candidatura de
Félix Salgado Macedonio e impulsar la de su hermano, Pablo Amílcar Sandoval.
La derrota electoral que le propinó el Trife se la carga Andrés Manuel a esta familia, una más que dolorosa si se toma en cuenta el capital político que invirtió el presidente para mantener en la contienda al autollamado ‘toro’; y también injusta si se considera que Pablo Amílcar sí alcanzó lugar en la boleta para competir por Morena a una diputación por el distrito 4 de Guerrero.
En la indefinición del cambio en el gabinete, los grupos y perfiles que coexisten en la Función Pública empiezan a mover sus fichas para impulsar a sus prospectos. Este es el caso del subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción, Roberto Salcedo Aquino, quien se propone para tomar las riendas, como lo hizo hace unas semanas para saltar a la Auditoría Superior de la Federación, cuando crecía el rumor de la renuncia de David Colmenares.
Salcedo Aquino está vinculado al salinismo. Pertenece al grupo de cercanos a María Elena
Vázquez Nava, la contralora General de la presidencia de Carlos
Salinas de Gortari. Desde los 90, la exfuncionaria posicionó a su despacho Vázquez Nava Consultores y Abogados S.C. como uno de los favoritos del sector público para servicios de auditoría externa, y de ahí han surgido diversos perfiles que prestan sus servicios a la SFP.
El subsecretario asegura tener vínculos con López Obrador, y presume que en su nombramiento no hubo intervención siquiera de la secretaria Sandoval, sino que vino desde Presidencia. Lo cierto es que los únicos vínculos comprobables para Salcedo son los que tiene con Vázquez Nava, toda vez que su hijo, Armando Salcedo Cisneros, es socio del despacho encabezado por la otrora contralora salinista.
La presencia de estos salinistas en la gestión de contraloría de la 4T puede ser todavía más profunda, debido a que Tania
de la Paz Pérez Farca, la primera subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, fue asociada senior de Vázquez Nava Consultores y Abogados. Pérez Farca fue destituida en mayo de 2020 y relevada por personal de confianza de Irma Eréndira Sandoval, también con tendencias políticas radicales que, en el actual contexto, ya no tendrán cabida en la contraloría federal.
La única razón por la que Sandoval aún despacha es porque en Palacio Nacional no se define al personaje que llegará al relevo