Acusados por masacre en Las Choapas presentan caso a CIDH
Familiares denuncian que 11 detenidos por asesinato de 12 personas sufrieron violaciones a sus derechos y hay fabricación de pruebas
Familiares de los 11 detenidos por el presunto asesinato de 12 personas en el municipio de Las Choapas, Veracruz, en enero de este año, anunciaron que llevaran el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por presunta fabricación de pruebas y violaciones a sus derechos humanos, por parte de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz.
Los familiares de Juan Alfredo Reyes Barragán y su hijo, Juan Yahir Reyes, Hugo de la Sancha Montes, Mario de la Sancha Aguirre, José Rodolfo González Jurado, Alfonso Martínez Salazar, Bonifacio Salazar Acuña, Rodolfo López Mendoza, Esteban Moreno Rez y Fredy Moreno Reza ya interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero hasta el momento no se avanzado en el caso.
Según las copias, videos y testimonios que obran en la denuncia, los imputados fueron detenidos días después del múltiple asesinato, acusados de “ultrajes a la autoridad”, sin orden judicial alguna, además de ser golpeados, torturados y amenazados junto con sus familias, por parte de policías estatales y de la Guardia Nacional.
A tres meses de su detención y encarcelamiento, la Fiscalía General de Justicia de Veracruz les imputó directamente el multihomicidio y solicitó órdenes de aprehensión en su contra, violando el procedimiento legal y sus derechos humanos, especialmente el de presunción de inocencia, acusaron.
Los familiares afirmaron que se arrestó y retuvo ilegalmente por más de 48 horas en la fiscalía a sus familiares, donde se les torturó para luego ser sometidos a un proceso penal bajo el cargo que, denuncian, es a todas luces un montaje.
Además de recurrir a la CIDH, los familiares pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, para impedir que su caso se sume a aquellos en los que se permite a fiscales, jueces y policías, violar los derechos humanos e ir contra la política de cambio que impulsa el actual gobierno.
En ese sentido, destacaron que las principales irregularidades que ven en el caso son que, tras tres meses de su arresto por “ultraje a la autoridad”, el juez de su proceso violó sistemáticamente el procedimiento penal dejándolos en un estado de indefensión, primero por dictar la prisión preventiva oficiosa sin que la ley se lo permitiera, retrasar ilegalmente los tiempos judiciales y obstaculizar a la defensa para aportar pruebas.
El abogado defensor de los 11 detenidos, Salvador García, acusó que el juez nunca valoró debidamente las contradicciones y pruebas que demuestran que mentía el informe policial homologado que entregó la fiscalía del estado.
En ese documento, mencionó, los policías dicen que los arrestos se produjeron cuando un grupo de personas en Las Choapas, en forma violenta, les impidió cumplir una orden de aprehensión, “cuando en realidad la madrugada del 24 de enero diversas caravanas de patrullas ingresaron con decenas de policías estatales, así como de la Guardia Nacional, para realizar violentos cateos y arrestos en diversos poblados”.
El juez no permitió, agregó el litigante, que la defensa aportara mayores pruebas para desmentir el informe policial, pues, conforme a los testimonios, los policías estatales y de la Guardia Nacional, fuertemente armados, entraron sin orden alguna a domicilios, golpearon y detuvieron a las 11 personas, amenazaron a sus familias, además de que robaron y destruyeron pertenencias de los afectados.
El abogado Salvador García aseguró que otra anomalía se desprende del hecho de que en el momento de los arrestos el delito de ultraje a la autoridad no contemplaba prisión preventiva oficiosa, pero para justificarla en este caso el Congreso local se vio obligado semanas después a emitir al “vapor” una reforma para considerarlo delito grave y así la Fiscalía General de Justicia de Veracruz justificara su acción.