“NO SE HABÍA VISTO TANTA HOSTILIDAD AL PODER JUDICIAL”
¿RUPTURA CONSTITUCIONAL?
Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que si se materializa la ampliación del mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la reforma al Poder Judicial quedará sin fondo.
En entrevista con EL UNIVERSAL, indicó que esta ampliación vulnera el principio de división de poderes y pone en riesgo la independencia judicial, porque se concreta una intromisión indebida del Poder Legislativo en la esfera del Poder Judicial.
Señaló que el transitorio que amplía el mandato de Zaldívar Lelo de Larrea, al tratarse de un artículo inconstitucional, resta fondo a la reforma al Poder Judicial de la que emanó.
Refirió que en el México moderno no se había vivido un contexto de tanta hostilidad y presión como el que actualmente se ejerce desde la Presidencia de la República hacia el Poder Judicial cuando no está de acuerdo con sus resoluciones.
¿Qué opina de la ampliación del mandato del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte y del periodo de los consejeros de la Judicatura Federal?
—Es una ampliación inconstitucional, contradice con toda claridad lo establecido en los artículos 97 y 100 que establecen de manera expresa el tiempo de sus cargos y que no puede haber una reeeleción. Si bien técnicamente el artículo no implica una reeleción, porque la reelección solamente la podrían llevar a cabo los ministros de la Corte, se trata de una ampliación del mandato que trasciende los cuatro años constitucionalmente permitidos y en ese sentido, se llame como se llame, se trata de una prolongación del mandato que contradice a la Constitución.
El Poder Legislativo no es competente porque no está facultado para decidir en estas materias y por eso he sostenido que esto se trata de una intromisión del Poder Legislativo en la esfera del gobierno del Poder Judicial, y en ese sentido se vulnera también el principio de división de poderes y se pone en riesgo la independencia judicial.
¿Qué sigue?
—Ya se ha anunciado que legisladores de la oposición presentarán una acción de inconstitucionalidad, aunque también podría activar el control la Corte motu proprio para que se lleve a cabo una revisión por parte del máximo tribunal sobre el tema y que sean los ministros quienes determinen qué procede.
El presidente de la Corte ha sostenido que no se posicionará hasta que el asunto llegue a la mesa de los jueces constitucionales. Lo que espero es que una mayoría y que incluso la totalidad de los ministros legal y formalmente decreten la inconstitucionalidad del artículo transitorio.
¿La reforma al Poder Judicial depende del ministro Zaldívar como dice el Presidente?
—Este es un mal argumento. Se trata de una reforma institucional que está a cargo de las instituciones, no de las personas.
Si bien el ministro presidente ha sido un promotor muy exitoso de esta reforma, su mandato está acotado a un periodo de cuatro años e incluso aceptar la ampliación desfonda toda la reforma.
Porque una reforma encaminada a fortalecer al poder encargado de proteger a la Constitución es coronada con un transitorio que es a todas luces inconstitucional, sería una reforma con una contradicción muy profunda en su seno, sería aceptar una medida que contradice el sentido de la reforma.
Además, hay otros ministros que cuentan con las capacidades y la formación necesaria para encabezar esta nueva etapa de la reforma que, además, no se va a implementar en dos o tres años, sino en décadas.
Por eso es absurdo pensar que con dos años adicionales al mandato del presidente de la Suprema Corte se garantiza la implementación de una reforma que supone una transformación muy profunda y ambiciosa a las reglas de funcionamiento del Poder Judicial Federal.
¿Qué opina de las declaraciones del Presidente sobre el posible sentido del voto de los ministros?
—Quienes seguimos las declaraciones del Presidente de la República hemos visto una estrategia de confrontación del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, no solamente a los ministros, sino a los jueces que conocen de distintas materias, al Tribunal Electoral; es decir, el Presidente de la República ha manifestado de manera constante una posición de hostilidad y de presión hacia el Poder Judicial en general.
En ese sentido lo que veo es que hay una estrategia de confrontación y de presión, y lo importante es que los juzgadores no caigan, resistan a las presiones y realicen la función que les toca, que en muchos casos es de control de las decisiones que adoptan el Legislativo o el Ejecutivo federal cuando contradicen a la Constitución o vulneran derechos de los ciudadanos.
Sí hay un contexto de presión y esperemos que por parte de la Judicatura haya un contexto de resistencia.
¿Alguna vez hubo un contexto de presión al Poder Judicial como éste?
—Lo que hubo durante mucho tiempo fue una sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo e inhibía la división de los poderes, la garantía de los derechos y, en realidad, era propia de un régimen autoritario.
A partir de los años 90, con la reforma del 94 se gestó un contexto de mayor independencia, de autonomía del Poder Judicial federal frente a los gobiernos en turno, y desde ese punto de vista se empezó a generar una dinámica de relación más de contrapeso y a veces más tensa.
Es decir, sí ha habido ciertos momentos de tensión, pero creo que no habíamos vivido en el México democrático un contexto de tanta hostilidad tan sistemática y sobre todo directamente desde la Presidencia de la República y del gobierno ante cualquier decisión judicial que se contrapone a sus decisiones.
Lo que hace es elevar mucho la tensión entre los poderes, ponerles mucha presión a los jueces y generar mucha zozobra entre la ciudadanía.
¿Esta polémica ayudará a mejorar la relación de la Corte con la ciudadanía?
—Desde hace algunos años la Corte se ha vuelto un actor cada vez más relevante en la esfera política y cada vez más analizado por la opinión pública, no solamente por la especializada, y en ese sentido el Poder Judicial y la Corte tienen mayor presencia ante la opinión pública que antes.
Las materias que resuelve y sus criterios suelen ser inevitablemente muy técnicos y por eso no son fácilmente accesibles a un público amplio; esto hace que a veces las decisiones de la Corte no se entienden bien o no se leen bien.
Lo que estamos viendo ahora es distinto porque la preocupación tiene que ver con el principio de separación de los poderes, la independencia de los juzgadores y los equilibrios de poder del Estado mexicano.
Si el Poder Judicial se subsume a los otros poderes, se alinea con la agenda, por ejemplo, de este gobierno, tendremos un problema serio porque se genera una vuelta al pasado en la cual esta sumisión del Judicial al Ejecutivo ya no codificaba al Estado mexicano en clave democrática, sino en clave autoritaria, y eso lo tenemos que evitar.
¿Este asunto mancha la carrera del ministro Zaldívar?
—Creo que tiene consecuencias negativas en cuanto a su imagen pública y para su autoridad como ministro presidente, lo cual lamento sinceramente.
El ministro presidente es un constitucionalista sólido, muy reconocido, con una trayectoria destacada y una situación como esta lo coloca frente a la opinión pública en una posición muy incómoda que sí puede tener un impacto negativo en su imagen y también en cómo será recordado hacia adelante, y esto no es bueno para él, para la Corte ni para el Poder Judicial.
Es a todas luces inconstitucional [la ampliación del mandato], sería una reforma con una contradicción muy profunda en su seno, sería aceptar una medida que contradice el sentido de la reforma”
El Presidente de la República ha manifestado de manera constante una posición de hostilidad y de presión hacia el Poder Judicial en general”