Venezuela suspende Oficina de Derechos Humanos de la ONU
Gobierno de Maduro dice que revisará los “términos de cooperación”
Caracas/Ginebra.— El gobierno de Venezuela suspendió ayer las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas, al considerar que han “instrumentalizado” su trabajo en contra del Ejecutivo. La agencia de la ONU lamentó la medida y dijo que evalúa los “pasos a seguir”.
Además de suspender las actividades de esta oficina técnica, establecida desde septiembre de 2019, el gobierno señaló que hará una “revisión integral de los términos de cooperación” acordados con esta organización en los próximos 30 días y ordenó la expulsión de 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que operan en Caracas.
Venezuela “solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en la siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas”, dice el comunicado, leído ante periodistas por el canciller Yván Gil.
El ministro explicó que esta decisión responde al “impropio papel que esta institución ha desarrollado”, actuando con parcialidad y como el “bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.
Desde la firma de la carta de entendimiento, en 2019, la oficina “ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la constitución”, prosigue el escrito.
Sin embargo, reiteró su “voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos”.
Esta decisión se produce un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, aseguró que el gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país, que concluyó el miércoles.
Mientras, la portavoz de la oficina de la ONU, Ravina Shamdasani, declaró que “lamentamos este anuncio y estamos evaluando los siguientes pasos a seguir.
“Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas”, agregó la portavoz de la oficina dirigida por el alto comisionado Volker Türk.
ONG rechazaron la medida. Para la organización Encuentro Justicia y Perdón (EJP), la suspensión de las labores de la oficina de ONU en Caracas “aumenta la desprotección de las víctimas” de violaciones de derechos humanos.
Provea aseguró que la decisión “intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de derechos humanos que se cometen a diario en el país”.
La ONG FundaRedes expresó su rechazo a esta medida que, cree, “eleva el riesgo de cierre de los espacios cívicos, la persecución y hostigamiento a las organizaciones de la sociedad civil”.
YVÁN GIL Canciller venezolano “[La oficina actúa como] bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”