MADURO SE AÍSLA AL EXPULSLAR A LA ONU
Preocupa a Amnistía Internacional “el incremento de la represión” del gobierno venezolano
San José.— De noviembre de 2023 a febrero de 2024, Nicolás Maduro se calzó los guantes para poner a pelear a Venezuela en varios tinglados contra la Unión Europea (UE), Guyana, Reino Unido, Uruguay, Ecuador y Argentina, y escalar anteayer a un pleito de consecuencias imprevisibles con la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El cuestionado presidente izquierdista venezolano arreció ese día el choque con el organismo mundial al expulsar a la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Venezuela y, en un ultimátum, otorgar 72 horas a sus 13 integrantes para salir de territorio venezolano.
“Se recrudece la política de represión del gobierno con ataques a personas defensoras de derechos humanos y cierre del espacio cívico”, afirmó la abogada española Clara del Campo, encargada de campañas para Sudamérica de Amnistía Internacional (AI), organización mundial no estatal de derechos humanos con sede en Londres.
Al condenar desde AI “de manera contundente” la expulsión de la OACNUDH, Del Campo dijo a EL UNIVERSAL que el acto “supone preocupante escalada en los intentos del país de eludir el escrutinio internacional y la rendición de cuentas (...) Por ello se torna más vital que nunca el rol de la comunidad internacional en mantener la atención sobre el país, empezando por elevar las alarmas y denuncias durante la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos [de la ONU] que tendrá lugar en las próximas semanas”, sugirió.
“El incremento de la represión es muy preocupante y hace cuestionarnos sobre el interés del gobierno de Venezuela de ser reconocido internacionalmente y de recibir alivio de sanciones”, adujo la abogada venezolana Laura Dib, directora para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), institución no estatal de EU de defensa de los derechos humanos.
En año electoral, el gobierno intenta “callar la voz de la sociedad civil que denuncia graves violaciones a los derechos humanos”, declaró Dib a este diario. Al insistir en “importancia del diálogo y en la necesidad de reducir las tensiones políticas con el fin de encaminar el país hacia las elecciones y la democracia”, clamó para que “no se quemen esos puentes”.
Venezuela expulsó anteayer a OACNUDH por actitud “colonialista, abusiva” y un “impropio papel” por el que se convirtió “en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.
“Sesgada y parcializada”, OACNUDH buscó “generar impunidad” para personas involucradas en “intentos de magnicidio, golpes de estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía” de Venezuela, precisó. La oficina contestó que su meta fue y será promover y proteger “los derechos humanos del pueblo de Venezuela”.
Maduro ordenó la medida luego de que, el martes pasado, OACNUDH expresó “profunda preocupación” por el arresto en Caracas, desde el 9 de este mes, de la abogada venezolana Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, organización no estatal de Venezuela sobre seguridad y defensa, experta en asuntos militares y activista de derechos humanos.
Por ese conflicto, la misión de la ONU instó a Maduro a “abstenerse de utilizar medidas represivas” contrarias a los derechos humanos.
El régimen acusó a San Miguel de participar en una conjura —“Brazalete Blanco”— para asesinar a Maduro y quedó presa por traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. La defensa legal de la activista rechazó los cargos.
La expulsión reactivaría el aislamiento que Maduro sufrió desde que, en los comicios de 2018 cuestionados como ilegítimos, se reeligió a partir de 2019 para un segundo sexenio consecutivo y por lo que gobiernos de América, Europa, Asia y Oceanía lo desconocieron como mandatario.
Maduro ratificó el 26 de enero anterior una prohibición que impediría a la candidata a la presidencia de Venezuela por la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la derechista María Corina Machado, competir en las presidenciales, previstas para el segundo semestre del año.
Un lío estalló esta semana entre Venezuela y Uruguay por Machado. El presidente de Uruguay, el centroderechista Luis Lacalle, alegó que en Venezuela hay una dictadura y Caracas lo tildó de lacayo.
Venezuela acusó en noviembre de 2023 a la UE de “arrogante” por prolongar, a mayo de 2024, unas sanciones que impuso a jerarcas venezolanos por el deterioro democrático y un embargo de armas y equipos de represión. Maduro chocó este año con los presidentes derechistas de Argentina, Javier Milei, y de Ecuador, Daniel Noboa. Maduro atizó en diciembre de 2023 una añeja pugna territorial fronteriza con su vecina Guyana y don Reino Unido, que apoyó a la nación guyanesa.
Por un pacto que oficialistas y opositores firmaron en octubre de 2023 en la isla de Barbados para garantizar comicios libres y transparentes, EU aflojó las sanciones que impuso de 2014 a 2017 a Venezuela por ruptura democrática y violar los derechos humanos. Pero con el bloqueo a Machado, Washington reactivó parte de las acciones punitivas.
LAURA DIB
Directora para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
“[El gobierno venezolano busca] callar la voz de la sociedad civil que denuncia graves violaciones a los derechos humanos”