Se castigará con cárcel continuación de Tren Maya: juez
Advierte que la suspensión definitiva de las obras está vigente y que su desacato constituye un delito penal
El juez Primero de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán, Adrián Fernando Novelo, notificó al gobierno federal que la suspensión definitiva que “paraliza” las obras del Tren Maya en el Tramo 5 Sur, de Playa del Carmen a Tulum, está vigente y advirtió que desacatar esa instrucción, contenida en el incidente judicial, constituye un delito penal, castigado con cárcel.
La suspensión definitiva fue concedida por el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa, al dictar sentencia el 21 de diciembre pasado y se notificó en enero de este año.
La medida está condicionada a que el gobierno federal presente al Juzgado Primero los estudios geológicos, geofísicos y geohidrológicos a que se refieren las condicionantes 9 y 10 de la autorización ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en junio de 2022.
Conforme a un acuerdo publicado hoy en estrados electrónicos, el juzgador señala que la parte quejosa, promotora del juicio de amparo en contra de esa autorización, promovió un incidente de modificación de esa suspensión definitiva e informó que las autoridades responsables “no acataron” la medida cautelar.
Los trabajos en el trazo no sólo permanecen, sino que se ha derramado concreto, que ha llegado hasta el acuífero subterráneo, mientras que los pilotes hincados que atraviesan las cavernas están oxidándose rápidamente, lo cual constituye una fuente de contaminación del acuífero.
En consecuencia, el juzgador reiteró a las autoridades responsables de las obras que “no han acreditado” el cumplimiento de las condicionantes impuestas por la Semarnat para haber autorizado el megaproyecto en ese tramo, “y por ende, continúan suspendidos los trabajos de construcción y acondicionamiento en el Tramo 5 Sur de la obra pública Tren Maya”.
Por tanto, Novelo Pérez advierte al gobierno federal que, conforme al artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, al servidor público que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado “se le impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución, inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos”.
También le señala que, si tuviese intervención algún particular en la ejecución de las obras, “será obligación de Fonatur y Fonatur Tren Maya ordenar al particular la inmediata paralización de la ejecución de los actos reclamados y tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de la suspensión, de modo tal que tanto las autoridades responsables como las particulares tienen obligación de cumplir con la suspensión concedida en estos autos”.
De no cumplir con lo anterior, el Fonatur o Fonatur Tren Maya serán multados, con fundamento en los artículos 237 fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo.
El juez instruyó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con residencia en la Ciudad de México, realizar los actos de inspección y vigilancia en el Tramo 5 Sur para constatar el cumplimiento de las condicionantes, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental.
Le requiere que, en el término de tres días previstos en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, “informe detalladamente los actos de inspección y vigilancia que ha llevado a cabo”.
LEY DE AMPARO
“[A quien desobedezca un auto de suspensión] se le impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución, inhabilitación de tres a nueve años...”