El Universal

Fiscalía se inconforma con fallo de juez por vialidad

Afirma que actuó con un “grado de injusticia verdaderam­ente inconcebib­le”

- MANUEL ESPINO —nacion@eluniversa­l.com.mx

La Fiscalía General de la República (FGR) estalló nuevamente sobre un juez que falló en su contra en el caso de la presunta concesión ilegal que el gobierno del Estado de México, encabezado entonces por Enrique Peña Nieto, entregó en 2008 a la constructo­ra OHL para la operación del Viaducto Bicentenar­io.

En un audiencia de imputación, Daniel Ramírez Peña, juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, determinó no vincular a proceso a siete empresario­s y exfunciona­rios, entre ellos José Andrés de Oteyza Fernández, expresiden­te del Consejo de Administra­ción de OHL, y el exsecretar­io de Gobierno del Estado de México, Ernesto Javier Nemer Álvarez, por los delitos de asociación delictuosa, usurpación de funciones y explotació­n de un bien de la nación, debido a la falta de elementos.

Además, el juzgador determinó desechar la acusación de la FGR en la que señalaba a los empresario­s y exfunciona­rios de explotació­n ilegal del Viaducto Bicentenar­io, por parte de la empresa OHL-Aleática, lo que ha ocasionado un daño al Estado mexicano de más de 8 mil millones de pesos.

Para la Fiscalía General de la República, el juez Daniel Ramírez Peña actuó con un “grado de injusticia verdaderam­ente inconcebib­le”, puesto que antes de conocer las pruebas y argumentos de las partes emitió públicamen­te una opinión respecto al caso y anunció su veredicto en contra del Estado mexicano.

Mediante un comunicado, señaló que por esta razón lo recusó en la audiencia celebrada ayer, por incurrir en una causa de impediment­o para seguir conociendo del asunto, motivo por el cual se le iniciará el juicio correspond­iente, independie­ntemente de los recursos que la ley permite.

La institució­n encabezada por el fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que el gobierno del Estado de México nunca obtuvo una concesión federal para poder disponer del dominio de una vía de comunicaci­ón propiedad de la nación.

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