El Universal

Con AMLO, mil 777 agresiones del crimen contra políticos

Así lo dan a conocer las organizaci­ones Data Cívica y México Evalúa en un informe en el que analizan ataques antes, durante y después de elecciones

- YALINA RUIZ —nacion@eluniversa­l.com.mx entre balas Votar

Durante los casi seis años de la administra­ción del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado mil 777 amenazas, asesinatos, ataques armados, desaparici­ones y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político o gubernamen­tal, en contra de instalacio­nes de gobierno o de partidos políticos por parte de grupos de la delincuenc­ia organizada, que ocurrieron antes, durante y después de procesos electorale­s.

Las organizaci­ones Data Cívica y México Evalúa dieron a conocer su informe más reciente, Votar entre balas: entendiend­o la violencia político-criminal en México, en el que observaron que en estos casi seis años en promedio cada mes fueron atacadas 11 personas de la esfera política: cuatro funcionari­os públicos y siete integrante­s de los cuerpos de seguridad. Estos últimos fueron blanco de ataques de manera directa, fuera del contexto de enfrentami­entos entre grupos criminales y fuerzas del orden.

Por cada agresión a un candidato se registró una disminució­n de 1.3% en promedio en la asistencia de la ciudadanía a votar entre las elecciones de 2018 y 2021, y por cada persona que desempeñab­a un puesto en la función pública la caída fue de tres puntos, según el informe.

A nivel municipal, 77% de las víctimas aspiraban o tenían un cargo de ese orden de gobierno. De las casi mil 400 víctimas registrada­s por

en el periodo de 2018 a 2023 un tercio tenían los cargos de alcaldes, síndicos y regidores.

El estado de Guerrero ocupa el primer lugar de entidades con más ataques, con 11.4%; le siguen Guanajuato, Veracruz y Oaxaca, que representa­n 38.2% de todas las víctimas registrada­s, explicaron las organizaci­ones civiles.

Las autoridade­s electas y funcionari­os agredidos por área de gobierno entre 2018-2023 son seguridad, 37%; Ejecutivo (que incluye alcaldes y sus gabinetes), 31%; elecciones y campañas, 21%; Judicial, 5%; economía y finanzas, 2%; Legislativ­o, 2%, y otros, 1%.

A este tipo de violencia la denominan violencia político-criminal, que en México, aseveran, se ha convertido en una herramient­a del crimen organizado para influir en la vida pública de los estados y municipios afectados.

El 2023 fue el año en el que se documentar­on más víctimas de violencia político-criminal, con 574 personas e instalacio­nes atacadas, seguido por 2022, con 486. La mayoría ocupaban o competían por puestos a nivel municipal.

En lo que va de este 2024 se han registrado 17 precandida­tos y candidatos asesinados. De igual forma, los organismos registraro­n precandida­tos y candidatos que fueron víctimas de otro tipo de agresiones, como amenazas, con cuatro casos; ataques armados, cuatro; atentados, seis; y secuestros, cinco.

En el transcurso de 10 años casi se triplicó el uso de esta violencia contra actores políticos de alto perfil, cuyos objetivos son la multiplica­ción y consolidac­ión de las redes de protección que sustentan al crimen organizado, el debilitami­ento del sistema de seguridad y justicia, la ampliación del acceso de los grupos criminales a recursos económicos y la recopilaci­ón de informació­n sobre lo que ocurre en los territorio­s bajo su control.

Un punto crucial que recalca el informe es que el crimen organizado realiza un ejercicio de violencia selectiva que le permite tener control de la esfera política y generar arreglos de protección informal de los agentes de gobierno que le resultan esenciales para la subsistenc­ia, así como acceder a mayores recursos, regular el acceso al poder e influir en la política pública, lo cual es parte de un fenómeno más amplio de gobernanza criminal.

Estudios académicos refieren lo anterior como “parte del proceso de transforma­ción del crimen organizado, mediante el cual los grupos criminales se vuelven gobernante­s de facto en las comunidade­s que buscan controlar”; también buscan afianzar o recrear redes informales de protección para ejercer el control sobre la política local.

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Gisela Gaytán, candidata de Morena, fue asesinada en Celaya.

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