AMLO y el status quo
Los derechos humanos son principios inherentes a los seres humanos, reconocidos por la comunidad internacional como fundamentales para garantizar la dignidad, la igualdad y la libertad de cada individuo. Estos derechos son inalienables, lo que significa que no pueden ser arrebatados ni limitados por ninguna autoridad o entidad, ya sea gubernamental, social o económica.
Su protección y promoción constituye un objetivo central del derecho internacional manifestado a través de tratados, convenciones y declaraciones adoptadas por organismos internacionales. En ellos se establecen obligaciones para los Estados.
Cuando un país no respeta los derechos humanos puede enfrentar una serie de consecuencias a nivel nacional e internacional. En este rubro pueden ir desde presiones diplomáticas y condenas hasta sanciones económicas, suspensión de membresías y/o de derechos en organizaciones internacionales.
El gobierno de López Obrador entra en conflicto nuevamente con Estados Unidos ahora por el Informe Anual sobre Derechos Humanos publicado por el Departamento de Estado en el cual se acusa a la administración del Ejecutivo de no procesar y dejar de investigar la mayoría de los casos criminales perpetrados en 2023. Asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, injerencias en la independencia del Poder judicial, detenciones arbitrarias, torturas y secuestros entre muchos otros más. El diagnóstico es puntual sobre lo que acontece en México y sus altos niveles de violencia e impunidad ante la claudicación del Estado mexicano para enfrentar el gravísimo problema de inseguridad y corrupción que prevalece gracias a los abrazos y la tolerancia presidenciales tanto con organizaciones criminales como con el círculo que lo rodea.
La respuesta explosiva e injerencista de López Obrador caracterizada por su sentido excesivo de importancia personal, actitud de grandiosidad, su fantasía de éxito ilimitado y carente de objetividad para aceptar el absoluto fracaso en la esfera de seguridad que engloba el combate a la corrupción, a la impunidad y al respeto de los derechos humanos no sorprende ya a nadie.
El Presidente hace semanas está desencajado y es notoria la actitud beligerante contra cualquier señalamiento sobre la situación actual de actores internos y externos.
La inusual actividad diplomática de Estados Unidos con la cuatroté es notoria; las constantes reuniones en Palacio Nacional para abordar temas estratégicos y geopolíticos dan fe de ello. La confianza en la palabra presidencial es poca o nula. Las contradicciones entre sus dichos y hechos son ya demenciales.
López Obrador entra en cólera cada vez que se menciona el tema del fentanilo negando que se produzca en el país mientras la misma FGR expresó hace unos días en el marco de la Conferencia Multilateral de Drogas Sintéticas, que México es “campeón” en la producción de drogas sintéticas y fentanilo.
Nuevamente no sorprenden los discursos contradictorios en la esfera del poder. Esto ha sido ejemplo y decepción de cómo ha (des)gobernado el tabasqueño durante más de cinco años; su dificultad de aceptar la realidad de sus fracasos en áreas sustantivas en la vida de millones de mexicanos, su desprecio por la ley y los peligrosos arrebatos en contra de sus adversarios.
La legislación al vapor de las reformas sin consensos y la arbitraria aplanadora morena exhibe un temor fundado de que no tendrán el control absoluto de ambas Cámaras en la próxima elección.
Duda genuina; ¿hasta dónde llegará López Obrador para mantener el status quo seis años más?
Cuando un país no respeta los derechos humanos puede enfrentar una serie de consecuencias a nivel nacional e internacional.