A un año del #19S, algunos damnificados están sin solución de vivienda.
A un año del sismo en la CDMX, las autoridades ignoran el número de damnificados y creen que la reconstrucción terminará en 2022.
En el lugar hay al menos 30 casas de campaña, de madera o de lámina. Se observan tablas colocadas sobre tambos a manera de mesas. Regadas por el suelo, sillas rotas a causa del uso, cartulinas y juguetes también forman parte del panorama de esta pequeña comunidad, donde alrededor de una treintena de personas vive desde hace casi un año, luego del sismo de 7.1 grados que el 19 de septiembre de 2017 sacudió a la capital. Se trata de uno de los dos campamentos instalados cerca del Multifamiliar Tlalpan. Aquí, quienes perdieron sus departamentos dan rostro a los damnificados del #19S, y también dan constancia de que –pese a que el temblor no fue tan devastador como el de 1985– la reconstrucción de la CDMX avanza a paso lento. Así lo reconocen las propias autoridades capitalinas, que estiman que el proceso puede quedar concluido en 2022, debido a factores como la cantidad de dinero que se destine a esta tarea. “Nos parece una meta razonable de que, en cinco años, podamos restituir todo aquello que se dañó. Ojalá pueda ser antes, (pero) mucho depende del presupuesto que se le asigne”, dice Édgar Tungüí, actual comisionado para la reconstrucción. Desde septiembre de 2017 hasta la fecha, la ciudad ha asignado más de 9,440 millones de pesos a reconstruir los daños que dejó el sismo y apoyar a los afectados, según cifras oficiales. Sin embargo, organizaciones civiles, como Nosotrxs, consideran que el gobierno capitalino ha actuado con poca transparencia en el manejo del dinero, y que éste no ha llegado hasta quienes lo necesitan. Más aún, las dudas en torno a un posible reparto discrecional de los recursos en febrero pasado causaron la renuncia de los anteriores integrantes de la comisión para la reconstrucción, entre ellos, su primer titular, Ricardo Becerra. A la par, Tungüí menciona otros obstáculos, como que el gobierno capitalino tuvo que dedicar tiempo a diseñar las reglas para apoyar a los afectados. “Era un fenómeno extraordinario. No se tenía contemplado en la normatividad el marco de actuación de cada dependencia. Nos dedicamos varios meses a crear los lineamientos y formas jurídicas bajo las cuales los damnificados podrían acceder a los apoyos”, admite el funcionario. Hoy por hoy, una consecuencia del lento avance en el proceso es que no existe información precisa sobre cuántas personas siguen en la calle. Las cifras oficiales señalan que 27,000 familias resultaron afectadas por el sismo, pero se desconoce qué porcentaje de ellas quedó damnificado. Ante esto, no son pocos los afectados que reclaman atención. Mónica Romero, del grupo vecinal Damnificados Unidos de Benito Juárez, menciona que la organización tiene registro de 60 inmuebles dañados, y que en ninguno las autoridades han comenzado labores de reconstrucción. “Seguimos sin ninguna solución y ninguna certeza sobre qué va a pasar con las casas y trabajos que perdimos. (...) El gobierno de José Ramón Amieva ha tenido acercamientos con nosotros, ha habido avances, pero no los suficientes”, dice.
NOS PARECE UNA META RAZONABLE DE QUE, EN CINCO AÑOS, PODAMOS RECONSTRUIR TODO AQUELLO QUE SE DAÑÓ. OJALÁ PUEDA SER ANTES. Édgar Tungüí, comisionado para la reconstrucción del gobierno capitalino.