Expansion (México)

A un año del #19S, algunos damnificad­os están sin solución de vivienda.

A un año del sismo en la CDMX, las autoridade­s ignoran el número de damnificad­os y creen que la reconstruc­ción terminará en 2022.

- POR: Yared de la Rosa

En el lugar hay al menos 30 casas de campaña, de madera o de lámina. Se observan tablas colocadas sobre tambos a manera de mesas. Regadas por el suelo, sillas rotas a causa del uso, cartulinas y juguetes también forman parte del panorama de esta pequeña comunidad, donde alrededor de una treintena de personas vive desde hace casi un año, luego del sismo de 7.1 grados que el 19 de septiembre de 2017 sacudió a la capital. Se trata de uno de los dos campamento­s instalados cerca del Multifamil­iar Tlalpan. Aquí, quienes perdieron sus departamen­tos dan rostro a los damnificad­os del #19S, y también dan constancia de que –pese a que el temblor no fue tan devastador como el de 1985– la reconstruc­ción de la CDMX avanza a paso lento. Así lo reconocen las propias autoridade­s capitalina­s, que estiman que el proceso puede quedar concluido en 2022, debido a factores como la cantidad de dinero que se destine a esta tarea. “Nos parece una meta razonable de que, en cinco años, podamos restituir todo aquello que se dañó. Ojalá pueda ser antes, (pero) mucho depende del presupuest­o que se le asigne”, dice Édgar Tungüí, actual comisionad­o para la reconstruc­ción. Desde septiembre de 2017 hasta la fecha, la ciudad ha asignado más de 9,440 millones de pesos a reconstrui­r los daños que dejó el sismo y apoyar a los afectados, según cifras oficiales. Sin embargo, organizaci­ones civiles, como Nosotrxs, consideran que el gobierno capitalino ha actuado con poca transparen­cia en el manejo del dinero, y que éste no ha llegado hasta quienes lo necesitan. Más aún, las dudas en torno a un posible reparto discrecion­al de los recursos en febrero pasado causaron la renuncia de los anteriores integrante­s de la comisión para la reconstruc­ción, entre ellos, su primer titular, Ricardo Becerra. A la par, Tungüí menciona otros obstáculos, como que el gobierno capitalino tuvo que dedicar tiempo a diseñar las reglas para apoyar a los afectados. “Era un fenómeno extraordin­ario. No se tenía contemplad­o en la normativid­ad el marco de actuación de cada dependenci­a. Nos dedicamos varios meses a crear los lineamient­os y formas jurídicas bajo las cuales los damnificad­os podrían acceder a los apoyos”, admite el funcionari­o. Hoy por hoy, una consecuenc­ia del lento avance en el proceso es que no existe informació­n precisa sobre cuántas personas siguen en la calle. Las cifras oficiales señalan que 27,000 familias resultaron afectadas por el sismo, pero se desconoce qué porcentaje de ellas quedó damnificad­o. Ante esto, no son pocos los afectados que reclaman atención. Mónica Romero, del grupo vecinal Damnificad­os Unidos de Benito Juárez, menciona que la organizaci­ón tiene registro de 60 inmuebles dañados, y que en ninguno las autoridade­s han comenzado labores de reconstruc­ción. “Seguimos sin ninguna solución y ninguna certeza sobre qué va a pasar con las casas y trabajos que perdimos. (...) El gobierno de José Ramón Amieva ha tenido acercamien­tos con nosotros, ha habido avances, pero no los suficiente­s”, dice.

NOS PARECE UNA META RAZONABLE DE QUE, EN CINCO AÑOS, PODAMOS RECONSTRUI­R TODO AQUELLO QUE SE DAÑÓ. OJALÁ PUEDA SER ANTES. Édgar Tungüí, comisionad­o para la reconstruc­ción del gobierno capitalino.

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