LA MANZANA DE LA DISCORDIA
México evita el peor de los escenarios en el nuevo TLCAN, pero termina cediendo en puntos claves.
México y Estados Unidos finalmente zanjaron uno de los temas más polémicos durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): las reglas de origen para el sector automotriz. En el último año, el equipo negociador de Estados Unidos presentó varias propuestas para endurecer la regla de origen automotriz. La posición original era que al menos la mitad de un automóvil tenía que ser hecha en ese país. “Por primera vez querían que un acuerdo regional tuviera una cláusula de contenido local. Eso estuvo sobre la mesa casi ocho meses”, dice Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Al final, Estados Unidos consiguió elevar el porcentaje de contenido regional, de 62.5 a 75%, en los vehículos ensamblados en Norteamérica. El otro 25% puede ser de cualquier otra parte del mundo. A diferencia de la regla anterior, que no establecía restricciones adicionales, la nueva estipula que, de este 75%, el 40% deben ser componentes producidos en zonas de altos salarios, es decir, que paguen al menos 16 dólares por hora. Estados Unidos y Canadá cumplen con este requisito, pero México no. Algunas plantas, como la de KIA en Pesquería, Nuevo León, ya analizan cómo estos cambios pueden impactar la operación. Este complejo se abastece tanto de las 14 plantas de proveedores que llegaron a México con la armadora y que también son filiales del Grupo Hyundai –por ejemplo, de la planta de WIA salen los motores–, como de 500 proveedores externos. Éste es el caso es la siderúrgica Ternium, que suministra 20% del acero que consume la planta de KIA; mientras que la mexicana Vitro provee parte de los parabrisas y cristales para los vehículos. “Vamos a acoplarnos a las nuevas condiciones. Pero vamos a esperar a que la casa matriz nos diga claramente dónde estamos y hacia dónde debemos ir”, dice Horacio Chávez, director general de KIA Motors México.
LA INVESTIGACIÓN PARALELA
En paralelo, al nuevo acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos, a finales de agosto, para modernizar el TLCAN, el Departamento de Comercio de Estados Unidos continúa una investigación –sustentada en la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962– contra las importaciones de vehículos por considerar que debilitan la economía interna y pueden perjudicar la seguridad nacional. En caso de que esta investigación prospere, Estados Unidos podría imponer un arancel de 25% a los vehículos importados. Esta investigación durará hasta 270 días, más otros 90 que Trump puede tomar para ver si impone o no barreras arancelarias. Si esto ocurre, México puede utilizar la ‘carta adjunta’ (o side letter) que firmó con Estados Unidos en agosto y que operará al margen del nuevo TLCAN. Este documento permitirá al país exportar, libre de arancel, hasta 2.4 millones de vehículos al año a Estados Unidos, que es 40% más de los envíos hechos en 2017. “Es nuestra póliza de seguro”, explica Guajardo.