Fin de los fideicomisos, no de los beneficios

El fideicomiso es un instrumento para ejercer el gasto público. Pero no es el único instrumento para hacerlo, ni siquiera el más utilizado. No lo es por varias razones:

1. Fragmenta el gasto público.

2. Es un incentivo para el subejercicio.

3. Permite esconder recursos no ejercidos, hasta por años.

4. Se salta los ejercicios anuales de fiscalización y retrasa la detección de casos de corrupción.

5. Facilita la desviación del presupuesto a otros fines.

6. Implica gastos burocráticos adicionales.

7. Orilla a pagar más comisiones a los bancos que los administran.

8. Propicia el manejo discrecional de recursos.

9. Aumenta los niveles de inequidad en el destino de trasferencias a beneficiarios.

10. Ayuda a subsidiar negocios privados con recursos públicos.

Por eso hay una crítica a los fideicomisos; no de ahora, sino desde hace años; no sólo desde el gobierno, sino también desde organizaciones de la sociedad civil.

La defensa de la proliferación de los fideicomisos expresa la vieja concepción neoliberal que trata de impedir que el Estado ejerza plenamente la potestad del gasto público para el desarrollo nacional.

¿Qué se hizo en la era neoliberal? Fragmentar y pulverizar el gasto en organismos autónomos, subrogaciones a particulares, transferencias a organizaciones y fideicomisos, entre múltiples formas de dispersión.

Así se dificultó organizar el gasto en un proyecto estratégico de desarrollo, porque lo que queda es un presupuesto muy pequeño, porque todo está repartido en cuotas a una gran variedad de organismos.

Es una visión de grupos de interés, no de gasto público nacional.

Por eso, decir ahora que desaparecer los fideicomisos es confiscar sus recursos, es confirmar esa visión privatizante. Se ven los recursos de los fideicomisos como si fueran una propiedad privada, como si no fueran recursos públicos que el Estado depositó en esos organismos. "¿Cómo de que se los van quitar? Si son suyos, son de su propiedad". Ya se los habían apropiado en su mentalidad, en su concepción vieja, de 40 años de neoliberalismo. Y no, no es así, no hay tal confiscación, porque no son recursos privados, son recursos públicos, son de la nación.

Tampoco es cierto que con la desaparición de los fideicomisos se terminan los apoyos a los beneficiarios de programas así manejados. Lo que se termina es una forma de administrar esos apoyos.

Nadie tiene por qué quedar en el desamparo.

¿O acaso se necesitan forzosamente fideicomisos para hacer transferencias a beneficiarios de programas? No. La mayoría de esas transferencias se hacen directamente desde las unidades ejecutoras de gasto de la administración pública. Es más, hay transferencias que se hacían desde fideicomisos y que ahora se hacen a través de la administración pública central. Por ejemplo, en la Ciudad de México, se entregaba una beca de bachillerato a través de un fideicomiso y ahora esa beca se entrega directamente desde la Secretaría de Educación Pública. El fideicomiso ya no se utiliza y los beneficiarios siguen recibiendo la beca.

Por eso, ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene una gran responsabilidad, oportunidad y reto para hacer llegar directamente los recursos a ex braceros, periodistas, defensores de derechos humanos, víctimas, creadores culturales, cineastas, damnificados, científicos, deportistas, etc. Y el Poder Legislativo tendrá que vigilar que así suceda.

* El autor es Senador de la República.