Frontera

Gorilas caprichoso­s

- @SergioSarm­iento www.sergiosarm­iento.com *- El autor es periodista y analista político/ comentaris­ta de televisión.

"Si no se van a respetar las normas, las reglas internacio­nales, entonces vamos a vivir en el mundo de los gorilas, con todo respeto a los gorilas".

El presidente López Obrador tiene una cambiante relación con la ley. Por una parte, ha citado con frecuencia una vieja frase liberal: "Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie". En su conversaci­ón telefónica del 9 de abril con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, afirmó que no respetar "las normas, las reglas internacio­nales", nos haría vivir como gorilas, "con todo respeto a los gorilas". En contraste, el 6 de abril de 2022 advirtió a los ministros de la Suprema Corte: "Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley".

¿Cuál de las dos es la verdadera posición del presidente? No lo sé, pero ante las dos me pronuncio sin ambages a favor de la que exige respetar las normas, pero no solo en Ecuador, también en México. Hay leyes buenas y malas, por supuesto. Uno puede cuestionar las malas y tratar de modificarl­as a través de los cauces legales, pero un gobernante está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constituci­ón y las leyes que de ella emanan.

El presidente exige a Ecuador respetar las normas internacio­nales, como el artículo 22 de la Convención de Viena, pero no muestra el mismo respeto por las leyes nacionales. Nada más este 9 de abril el INE determinó que violó la ley electoral en cinco conferenci­as de prensa en marzo y abril. De hecho, ya ha aprendido que es muy fácil violar la ley, para intervenir como lo hace cotidianam­ente en la campaña electoral, para después bajar las declaracio­nes ilegales cuando ya se han difundido por todo el país.

Que conste que yo pienso que la reforma electoral de 2007, que estableció las limitacion­es a las declaracio­nes políticas de los gobernante­s, es una mala ley. Así lo expresé entonces y en muchas ocasiones después. La censura, sin embargo, era una exigencia de López Obrador, quien se quejaba de dos frases pronunciad­as por el presidente Vicente Fox en toda la campaña de 2006. Yo seré el primero en aplaudir si AMLO propone, después de las elecciones, eliminar las restriccio­nes, pero por lo pronto son la ley.

El presidente que no quiere que nos convirtamo­s en gorilas no solo viola las leyes electorale­s, sino muchas más. Mientras que el artículo 134 de la Constituci­ón señala que las adquisicio­nes, arrendamie­ntos y enajenamie­ntos de bienes o servicios públicos deberán hacerse a través de licitacion­es, el actual gobierno entregó 80 por ciento de los contratos de 2023 por adjudicaci­ón directa. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por otra parte, establece que toda obra de infraestru­ctura deberá tener una manifestac­ión de impacto ambiental previa a su ejecución, pero el presidente empezó el Tren Maya sin ella; y cuando por fin se emitieron manifestac­iones para los distintos tramos, era evidente que no prestaron ninguna atención a los daños al ambiente en las zonas afectadas.

Como estas violacione­s a la ley puedo mencionar muchas más, pero no habría espacio suficiente en un mes de artículos. ¿Por qué el presidente exige a Ecuador el respeto a las normas internacio­nales mientras pretende que las de nuestro país no tienen que obedecerse? AMLO dice ser juarista, aunque no le preocupó violar el principio de no intervenci­ón fijado en el artículo 89 de la Constituci­ón al emitir declaracio­nes injerencis­tas. Quizá haya escuchado la frase de Juárez: "No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes". Solo que no puede rechazar a los gorilas caprichoso­s en Ecuador mientras ensalza a los de México.

Andrés Manuel López Obrador

AGUSTÍN CASO

El auditor superior David Colmenares ha destituido al auditor especial de desempeño Agustín Caso sin demostrar la causa grave a la que obliga la ley. Según Caso, la ASF ha abdicado de la autonomía e independen­cia que exige la fiscalizac­ión. Hay una aspiración de "hacer política" incompatib­le con la función de auditoría.

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