El caso Zaldívar no es politiquería y deberá determinarse si el exministro es culpable o inocente
La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió diversas denuncias anónimas contra el exministro presidente de esta y del Consejo de la Judicatura, Arturo Zaldívar. Entre otras cosas, lo acusan de haber presionado a jueces para resolver asuntos de manera favorable a intereses políticos; de vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial con el objeto de satisfacer intereses personales y de terceros, y de haber abusado de sus funciones, ofrecido beneficios políticos y económicos, y extorsionado y amenazado a personas y organizaciones.
Su sucesora en el cargo, Norma Lucía Piña, ordenó que se realicen investigaciones para determinar si existen las pruebas suficientes que avalen dichas acusaciones y justifiquen un posible procedimiento administrativo por conductas irregulares contra el hoy importante miembro del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum. Piña también ordenó que sean investigados excolaboradores de Zaldívar que han sido también denunciados, entre ellos Carlos Alpízar, exsecretario General de la Presidencia del CJF, Manuel Bonilla, exdirector del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, Netzaí Sandoval, exdirector del Instituto Federal de la Defensoría Pública, y los jueces Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, José Artemio Zúñiga e Iván Zeferín Hernández, quienes supuestamente resolvieron varios casos de acuerdo a las órdenes que recibieron de Zaldívar.
Además de las denuncias anónimas, que deben estar sustentadas con probables pruebas para ser aceptadas, el viernes pasado la magistrada de circuito del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Zapopan, Jalisco, Elba Sánchez Pozos, anunció en el programa de Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula que presentará una denuncia contra Zaldívar por abuso de funciones, actuar bajo conflicto de interés, tráfico de influencias, encubrimiento, obstrucción de la justicia, notoria ineptitud y descuido en el desempeño de su cargo y por no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de este.
La magistrada aseguró que desde abril de 2019 denunció diversos actos indebidos al interior del Consejo de la Judicatura, que fueron archivados por instrucciones de Zaldívar, quien “dio la orden para que no se realizara la investigación. Después me suspendieron, me cambiaron de adscripción a Culiacán y, solo por haber denunciado a gente de su grupo de poder, me mandó a mi casa con un sueldo disminuido del 33 por ciento. Me quedé sin trabajo y todo ello derivado de las denuncias que hice oportunamente y que no iba a permitir porque es su estilo; son expertos y estrategas en el encubrimiento”.
Como ocurre cada vez que un aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador es denunciado de cualquier cosa, él y sus seguidores lo defienden a ultranza y descalifican la acusación como mera “politiquería” hecha por los enemigos de la 4T. Así intentan minimizar la posible gravedad de las acciones supuestamente indebidas o hasta criminales del denunciado.
Aunque los morenistas lo nieguen, existen bases legales para investigar al exministro. Hasta que se concluya la investigación, se determinará la culpabilidad o inocencia de Zaldívar, de quien muchas cosas no muy agradables se dicen desde hace muchos años.