La comunidad migrante bajo la espada de Damocles
2016 será un año decisivo para los millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.
Durantemás de 20 años, la familia de Alondra Jiménez se ha camuflado entre las sombras de la clandestinidad migratoria en Estados Unidos. Hacia fines de los , un episodio de secuestro y extorsión en la ciudad de Guadalajara les obligó a huir del país. Desde entonces, Marco, el esposo de Alondra, había conse- guido rehacer su vida como técnico de aire acondicionado. Ella consiguió trabajo como despachadora de una cadena de mensajería. Con grandes esfuerzos la familia salió ade- lante desde los suburbios de Chicago, Illi- nois. Su casa, rodeada por grandes parques y centros comerciales, parecía un oasis.
Sin embargo, el pasado mes de febrero, Marco fue interceptado por agentes de inmigración para ser deportado a México: “Desde entonces nos hundimos en la des- esperación y en la pobreza. Mi hija más grande y yo no tenemos papeles. Mi hijo menor es ciudadano, pero tiene un pro- blema de autismo. No sé que haría si me separaran de él”, me explicó Alondra con una voz marcada por el desaliento.
“Tras la deportación de mi marido, nos han ofrecido refugio en la casa de unos conocidos. Pero las cosas no van bien. Ya sabe, el muerto y el arrimado a los tres días apestan”, continúa. La familia de Alondra es sólo un botón de muestra de la marea de expulsiones y separaciones de familias que han continuado bajo la administración del presidente Barack Obama. Una vez que uno de los progenitores es expulsado, la situación se torna insufrible. Incapaces de pagar la renta o ser detenidos por agen- tes de migración, muchos de ellos buscan refugio en casa de amigos o familiares. Algunos optan por la autodeportación o el retorno voluntario.
Aunado a ello, en muchos casos, los hijos caen en una espiral de estrés post trau- mático (PTSD). El rendimiento en la escuela va en picada. Los ataques de ansiedad y desesperanza se apoderan de la familia. Muchos viven con el temor de salir a la calle. En pocas palabras, viven sepultados en vida. Otros, en cambio, deciden dar la batalla. A pesar del riesgo a ser detenidos y expulsa- dos, prefieren salir a dar la cara antes que permanecer en las sombras: “Yo soy una de las miles de jóvenes indocumentadas que hemos decidido dar la cara. Estamos con- vencidos de que, para defender los dere- chos de nuestras familias y comunidades, tenemos que tomar el riesgo”, aseguró Ireri Unzueta Carrasco, una joven que decidió demandar al gobierno de EU por haberle negado el derecho a acogerse al programa de acción diferida conocido como DACA.
Inmigrante de México, Ireri llegó a Estados Unidos con sólo 6 años de edad. En medio de la peor oleada de detencio- nes y deportaciones en 2012, Ireri salió a protestar y protagonizar actos de desobe- diencia civil al lado de su padre y su madre para denunciar la crisis humanitaria que afecta a más de 11 millones de personas. Esta decisión de protestar le valió su expul- sión del programa de acción diferida: “La protesta y la desobediencia civil es un acto de amor”, aseguró Ireri Unzueta, quien no lamenta su participación en un movi- miento de derechos civiles que ya tiene asegurado su lugar en la Historia.
Al igual que Alondra o Ireri, poco más de 5 millones de indocumentados que aspiran a acogerse a los programas de acción diferida para evitar su deportación, tienen lamirada puesta en los magistrados de la Suprema
Corte que, este mismo año, deberán decidir sobre la legalidad o constitucionalidad de las órdenes ejecutivas del presidente Obama para frenar la expulsión de millones.
En junio de 2012, el mandatario anunció la creación del programa DACA (Considera- ción de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) que, posteriormente (ese mismo año) fue expandido para evitar la deportación de más de 2 millones de jóvenes indocumen- tados. El 20 de noviembre de 2014 el presi- dente anunció, además, la creación del pro- grama Acción Diferida por Responsabilidad de los Padres (también conocido como DAPA) para proteger a los padres de esos jóvenes indocumentados y evitar así la separación de millones de familias. Estos dos programas se encuentran hoy a consideración del Tribunal Supremo tras la demanda interpuesta por un juez federal de Texas contra su imple- mentación a nivel federal. En caso de que el máximo tribunal decidavalidar la legalidad de los programas creados por la administración Obama, millones de personas podrían salirde las sombras. En caso contrario, la comunidad inmigrante de EU podría enfrentar una ava- lancha de detenciones y expulsiones de pro- porciones bíblicas.
Para expertos en Derecho Constitu- cional, como Stephan Legomsky, de Saint Louis University, “durante más de cien años, la Suprema Corte ha considerado de forma consistente que la política de inmigración es responsabilidad exclusiva del gobierno fede- ral, no de los estados”.
Con eso en mente, inmigrantes como Alondra e Ireri mantienen viva la esperanza, mientras rezan todas las noches para evitar la deportación y separación de sus familias.
Durante casi tres décadas ha sido corresponsal y enviado especial de medios mexicanos y europeos en Europa, Oriente Medio y Estados Unidos. Ha cubierto la Guerra del Golfo, la Guerra Civil en Líbano y las invasiones a Irak y Afganistán. Como periodista en la Unión Americana ha sido testigo de la lucha de la presidencia de Barack Obama por hacer realidad su agenda del cambio o enfrentar la embestida del fantasma racista que sigue poniendo en duda su gestión en la Casa Blanca.