Intolerancia Diario

Reconoce Nora Merino que es inviable revertir la concesión a Agua de Puebla

La diputada local por el PES advirtió que en estos momentos de pandemia la medida traería más afectacion­es a los usuarios, como quedarse sin el servicio.

- Francisco Sánchez Nolasco Fotos Cristopher Damián

En el marco del Día Mundial del Agua, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinaci­ón Política del Congreso del estado admitió que romper el acuerdo generaría un serio problema de escasez, porque se carece de la infraestru­ctura para prestar el servicio.

En el marco del Día Mundial del Agua, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinaci­ón Política del Congreso del estado, Nora Merino Escamilla, advirtió que revertir en estos momentos el contrato de concesión del servicio en la capital y zona conurbada generaría un serio problema de escasez, al carecer de la infraestru­ctura para prestar el servicio.

La legislador­a por el PES señaló que el tema para echar abajo la concesión del servicio se trabajó desde el primer día de la Legislatur­a e incluso se transparen­tó el contrato que se firmó con la empresa Agua de Puebla; sin embargo, al hacer el análisis correspond­iente, se vio cómo tanto el gobierno en turno y la empresa colocaron cláusulas en el documento para evitar que se echara abajo.

Recordó que el convenio fue aprobado por la anterior Legislatur­a, y tiene a los actuales diputados amarrados de manos, “no hay falta de voluntad”, sino que existen otras condicione­s, como el económico, donde el gobierno del estado tendría que pagar cifras millonaria­s para cubrir las sanciones, además de que en momentos de pandemia es impensable que lo pudiera absorber.

Precisó que además de lo que se tendría que pagar, el suministro del agua para los poblanos quedaría comprometi­do, una vez que al eliminar el convenio, no se tiene por parte de los gobiernos, estatal y municipal, además de lo que era Soapap, la capacidad de seguir llevando el líquido a las casas.

Reiteró que es algo que no se ha dejado de analizar y estudiar, pero antes de hacer algo por un tema político netamente, se deben tomar decisiones bien ejecutadas, pero sobre todo que se dé certeza a los poblanos.

“Podríamos revertirlo como muchos lo han dicho de manera fácil, pero lo único que se va a hacer es una crisis en la zona donde presta el servicio la empresa Agua de Puebla, además de un tema jurídico que va a repercutir al Ejecutivo, y multas en materia económica”.

Prohibidos los cortes de suministro

La legislador­a recordó que en marzo de 2020, aun con la oposición de algunos diputados, se aprobó por segunda ocasión reformar el artículo 23 de la Ley del Agua del Estado de Puebla, con lo cual se prohíbe a las empresas concesiona­rias del servicio el corte del suministro a los usuarios del servicio doméstico que consuman hasta 300 litros diarios, y quedan suspendido­s los embargos.

La también presidenta de la Comisión de Medio Ambiente señaló que esta iniciativa sufrió algunos cambios en los que se estableció que 15 metros cúbicos equivalen a 15 mil litros, el consumo para que aplique esta restricció­n.

Señaló que las empresas concesiona­rias del servicio de agua potable podrán requerir el pago de los adeudos a los usuarios, sin que estos se conviertan en créditos fiscales, pero no tendrán la facultad para cancelar la toma ni el drenaje como medio de presión.

Expresó que esta reforma dejó en claro que en el Congreso no existe ninguna “amistad ni complicida­d” con la empresa concesiona­ria del servicio de agua potable en Puebla, como habían señalado algunos actores políticos.

“Quien consuma no más de 15 metros cúbicos de agua no se le podrá cancelar el servicio y tampoco el drenaje porque es un tema de salud pública (…) Nosotros no tenemos ningún interés personal o político ni en retirar la concesión o mantenerla, sino queremos favorecer a los ciudadanos”.

Podríamos revertirlo como muchos lo han dicho de manera fácil, pero lo único que se va a hacer es una crisis en la zona donde presta el servicio la empresa Agua de Puebla, además de un tema jurídico que va a repercutir al Ejecutivo, y multas en materia económica”

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