Negarse a sí mismo
Nuestra ciudad se ha visto saqueada al final de dos administraciones municipales, de manera escandalosa, por lo que se interpuso un juicio político contra Javier Ignacio Urbalejo Cinco, quien fungió como presidente en el XX Ayuntamiento, y una demanda penal contra César Rafael Moreno González de Castilla del XXI Ayuntamiento. En ambos casos, no se obtuvo una respuesta positiva legal que pudiera haber constituido la investigación formal, de delitos probables y sentencias condenatorias. En el primer caso, once ciudadanos tecatenses, entre ellos cuatro ex presidentes municipales, firmamos el documento acusatorio, que fue rechazado por el Congreso del Estado, dejando impunes una serie de delitos que, ni por decencia, fueron investigados. En el segundo caso, se interpuso una demanda penal que quedó en los mismos términos que la anterior, sin procedencia. El esfuerzo de tratar de establecer un antecedente importante, en el que los ciudadanos nos comprometíamos a proceder en la denuncia de delitos cometidos contra el Ayuntamiento, no tuvo el apoyo de quienes estaban obligados a favorecer iniciativas ciudadanas de este nivel. Ni los diputados integrantes de la XXI Legislatura, ni el poder judicial del estado procedieron como estaba supuesto deberían hacerlo.
Históricamente, las ruedas de la justicia en nuestro país, han tenido un movimiento microscópico en la investigación, el desarrollo y la culminación de los procesos judiciales. Esto nos ha posicionado en uno de los países con una escasez dramática de sentencias condenatorias. Los delincuentes aprehendidos pasan de unas horas a unos días tras las rejas, sin ninguna otra consecuencia. Con estos mini castigos, se reintegran a la delincuencia inmediatamente, casi sin ninguna interrupción en su carrera delictiva. Por consiguiente, no tenemos el refuerzo legal que nos motive para denunciar delitos cometidos contra nosotros o contra otras personas. No confiamos en nuestras policías, ni en los jueces de cualquier instancia, ni en el sistema judicial en general.
En ese mismo sentido, los ciudadanos tampoco confiamos en los funcionarios electos, que modifican sus compromisos enarbolados durante sus campañas político-electorales, una vez que ya fueron electos. Este es el caso del presidente Municipal,
“Por el derecho a la libertad de expresión”.
Darío Benitez, y el de María Teresa Méndez Vélez, actual Síndico Procurador. Ambos se comprometieron a hacer todo lo legalmente posible, para que Urbalejo Cinco y Moreno González, pagarán los delitos cometidos contra nuestro municipio. No se procedió como se comprometieron, pues ambos recurrieron al silencio y les dieron la seguridad de la impunidad a estos dos ex presidentes municipales. Esta actitud solidaria hacia quienes cometieron delitos, mientras fungían como funcionarios públicos electos, los convierte en cómplices. Por consiguiente, su situación legal está llegando al espacio de prescripción, que elimina cualquier consecuencia legal contra ellos. Urbalejo y Moreno ya saltan de alegría por tener este par de benefactores.
Ronda por allí una fotografía grupal en la cual aparecen codo a codo, tres ex presidentes municipales -Méndez Sayaz, Baylón Chacón y Contreras Rodríguez- así como la síndico procuradora, Méndez Vélez, a un lado de Urbalejo y Moreno. Con ella, de manera obvia, se reiteran la amistad añeja que tienen, y al mismo tiempo, el olvido y el perdón tácito de las denuncias que un día promovieron. Estoy convencido de que todos debemos retroceder en cuestiones que se modifican de manera positiva; en asuntos que fueron legalmente aclarados y eliminadas sus connotaciones legales. Pero cuando los delitos siguen sin investigar y se promueve la impunidad estrechando vínculos y manos, entonces se refuerza el estado de ilegalidad y se dobla la cerviz en beneficio de la delincuencia.
El hecho de que Eduardo Peñaloza Sánchez, el cuarto ex presidente que firmó la demanda de juicio político, no haya aparecido en la fotografía del perdón y el olvido, dice mucho de él. No cabe duda de que también fue convocado, pero no fue retratado, voy a pensar que no estuvo de acuerdo. No lo he consultado con él, pero ese debió ser el motivo. Nuestro país está inmerso en una profunda crisis de ilegalidad e impunidad, que solo podrá ser subsanada, cuando todos y cada uno de los mexicanos nos conduzcamos dentro de la legitimidad. Cuando, sin que esté una autoridad enfrente de nosotros, respetemos la ley. Si hablamos de ella como el concepto que nos delimita, no podemos negarnos a nosotros mismos no respetándola. Vale.