Por plan B, sobrecarga en el instituto: TEPJF
Entre las advertencias que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aportará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para abonar elementos que contribuyan al análisis del plan B, destaca que habrá una mayor centralización en la fiscalización de partidos y agrupaciones políticas locales, así como mayor carga de trabajo para el INE al restarle atribuciones a los organismos públicos locales electorales (Oples).
Así lo señala un documento de la sala superior, donde se establece que quitarle facultades a estos Oples tendría implicaciones en el ámbito local, “ya que los institutos electorales son los órganos que poseen mayor contacto y cercanía con los problemas y hechos que ocurren en las entidades”, por lo que el TEPJF considera alarmante que si estos organismos locales pierden atribuciones, ocasionaría que el INE no tenga la capacidad humana para saber de primera mano cuáles son las preocupaciones político-electorales de una región.
Como parte de las opiniones que este órgano jurisdiccional electoral entregará a la Corte para que formen parte del análisis sobre la constitucionalidad de la reforma electoral, uno de los puntos que le preocupan al Tribunal Electoral es que dentro de los cambios en la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el inciso f del artículo 32 determina que los Oples no podrán tener a su cargo labores de fiscalización de partidos y agrupaciones locales.
Al respecto, el TEPJF prevé que, de aplicarse este cambio, “las cargas de trabajo para el INE pueden aumentar debido a la mayor concentración de obligaciones, además de que pueden aumentar los gastos presupuestales derivado de la contratación de nuevos interventores” y habría que capacitar, contratar o enviar personal” para que realice esta labor.
Para el Tribunal Electoral, la distancia física de la autoridad electoral federal implica que no cuenten con el contexto de la situación política en localidades, por lo que podría haber omisiones, abusos o piso disparejo, porque no habrá un órgano local que ponga la lupa en el uso de los recursos públicos de los partidos políticos.