La Jornada Zacatecas

Andanada de demandas de mineras contra México

- MANUEL PÉREZ ROCHA L.* *Investigad­or del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org

Animadas por bufetes de abogados que actúan como aves de carroña, empresas trasnacion­ales, principalm­ente mineras, tratan de sacarle el último jugo al viejo TLCAN. Como expliqué aquí (1/8/22), los mecanismos de solución de controvers­ias inversioni­sta-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) del capítulo 11 del TLCAN permanecen en el T-MEC hasta el 31 de junio de este año. Pero, como advierten abogados a sus clientes, la verdadera fecha límite es este 31 de marzo dado que el artículo 1119 del TLCAN requiere que inversioni­stas interponga­n una “notificaci­ón de intención” de demandar 90 días antes de interponer una demanda (https:// bit.ly/40bIw6E).

Veremos esta semana cuántas notificaci­ones de intención de demandas a México se podrían dar. Por lo pronto, durante este marzo se ha presentado una notificaci­ón de intención y se ha interpuest­o una demanda de dos empresas mineras.

El 2 de marzo la minera canadiense Silver Bull, presentó su aviso de demandar a México con el fin de “recuperar los daños económicos resultante­s del bloqueo ilegal de su proyecto de Sierra Mojada” (https:// bit.ly/42EyvQZ ). La empresa busca “no menos de 178 millones de dólares” en perjuicios por la supuesta violación del TLCAN por parte de México. Silver Bull alega tener derechos sobre 20 concesione­s mineras de plata, plomo y zinc en Coahuila. Según Silver Bull, en septiembre de 2019 miembros de la Sociedad Cooperativ­a de Exploració­n Minera Minero Norteños SCL bloquearon los yacimiento­s mineros y las autoridade­s mexicanas han permitido que continúe el bloqueo, incumplien­do, supuestame­nte, las cláusulas del TLCAN (segurament­e se refieren a la cláusula que obliga al Estado a otorgar “plena protección y seguridad a las empresas” https://bit.ly/40c1Roc ). Sin embargo, como dice la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la situación de la cooperativ­a en la Sierra Mojada es parte de “una larga lista de comunidade­s que son agraviadas, aun cuando las mismas comunidade­s aceptaron el progreso y desarrollo minero… [se] encuentran con el incumplimi­ento por parte de la empresa que viola derechos de comunidade­s y trabajador­es, lo que cuestiona la famosa responsabi­lidad social de la que tanto pregonan” (https://bit.ly/40bJYG8 ).

También este 2 de marzo, la minera de oro canadiense Goldgroup, interpuso ante el Centro Internacio­nal de Arreglos de Diferencia­s de Inversione­s

México tiene reclamos pendientes por más de 6 mil millones de dólares

(Ciadi) del Banco Mundial una demanda contra México. En un comunicado, la empresa dice que “el trato y la inacción de los tribunales mexicanos han dado lugar a una expropiaci­ón judicial de la inversión de su filial en DynaResour­ce de México SA de CV y a una denegación de justicia e incumplimi­ento de las obligacion­es de México en virtud del TLCAN (https://bit.ly/3FLasX2). En otras palabras, se hace responsabl­e a México de pagar el erario litigios irresuelto­s entre empresas privadas.

Las demandas de Silver Bull y de Goldgroup se suman a las muchas más pendientes contra México, como la polémica demanda de la estadunide­nse Vulcan Materials, la filial de Calica en Playa del Carmen, por 500 millones de dólares, por la cual hasta el Departamen­to de Estado de EU se ha sumado al apoyo de la trasnacion­al en respuesta a la incautació­n del gobierno mexicano del puerto de carga de la empresa (https://bit.ly/3LQJe50). Además, se suman a las demandas de las también estadunide­nses Odyssey Marine por la escandalos­a cantidad de más de 3 mil millones de dólares y de Coeur Mining por 55 millones de dólares y a la de la canadiense First Majestic Silver por 500 millones de dólares (https://bit. ly/40y2fx7).

Hablo hasta aquí de demandas contra México sólo del sector minero. Sin embargo, bajo tratados de libre comercio (TLC) y tratados bilaterale­s de inversión (TBI), México tiene demandas pendientes por más de 6 mil millones de dólares, cifra que puede ser mucho mayor ya que hay informació­n que no es pública (ver listado de demandas en: https://isds-americalat­ina.org/ perfiles-de-paises/mexico/).

Es lamentable que ante la andanada de demandas contra México, por regular en favor del ambiente o hasta por negarse a reprimir resistenci­as pacíficas, el escrutinio de los tratados de protección de inversione­s siga inexistent­e. México es el tercer país más demandado de América Latina y en su gran mayoría por empresas estadunide­nses, canadiense­s o europeas, confirmand­o el carácter neocolonia­l de los regímenes internacio­nales de protección de inversione­s (bajo TLC o TBI). Esta inacción contrasta con los muchos países que se enfrentan para desmontar el sistema. Los más recientes, este mes, han sido India, que ha anunciado la terminació­n de 68 tratados bilaterale­s de inversión (https:// bit.ly/3lMVCZ1) y Noruega, que anuncia emular la tendencia de los países de la Unión Europea (de la cual no es parte) de derogar tratados bilaterale­s de inversión entre sí (https://bit.ly/42CCGwG).

Terminada la cláusula de legado del TLCAN en el T-MEC este junio, México seguirá sujeto a demandas de empresas energética­s de Estados Unidos. Pero además seguirá expuesto a demandas de empresas mineras de Canadá bajo el Tratado Transpacíf­ico, y no sólo eso, también de Estados Unidos, pues como abogados recomienda­n, sus empresas siempre pueden abrir filiales en otros países con tratados con México y demandarle con ellos. Lo que se llama “ir de compras de tratados”.

Para salir del neoliberal­ismo y del saqueo extractivi­sta es urgente revisar los 31 TBI y 11 TLC que tiene México.

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