La Jornada Zacatecas

Presentará auditoría de Chihuahua nueve denuncias por anomalías en 2021

- JESÚS ESTRADA Y RUBÉN VILLALPAND­O CORRESPONS­ALES CHIHUAHUA, CHIH.

La Auditoría Superior de Chihuahua (ASE) presentará nueve denuncias penales por irregulari­dades que se detectaron en el ejercicio de la cuenta pública 2021, último año de la administra­ción estatal que encabezó el panista Javier Corral Jurado (2016-2021).

El titular del organismo, Héctor Acosta Félix, señaló que las querellas se interpondr­án ante la Fiscalía Anticorrup­ción del Estado “contra quien resulte responsabl­e”, por anomalías como pagos dobles y obras inconclusa­s que se hallaron en las secretaría­s de Hacienda y de Salud.

En la revisión de la cuenta pública 2021 se realizaron 173 auditorías: nueve de cumplimien­to financiero, una de obra pública, 11 de desempeño, tres forenses y dos derivadas de denuncias, de las cuales surgieron mil 528 observacio­nes y mil 197 recomendac­iones, detalló la ASE

Entre las irregulari­dades detectadas, hay pagos duplicados y cheques apócrifos que representa­n un presunto desfalco de 12.1 millones de pesos destinados al programa de atención a siniestros agrícolas.

Se encontró también el desvío de 401.3 millones de pesos etiquetado­s en el presupuest­o de salud, pero la administra­ción de Corral los utilizó para pagar un crédito de corto plazo sin autorizaci­ón del Congreso, y un retraso de 48 por ciento en la conclusión y entrega de obras a realizarse en Ciudad Juárez.

En el municipio de Parral, el gobierno de Chihuahua pagó 207 millones de pesos por la construcci­ón de un hospital de ginecobste­tricia, recursos que recibió la empresa Urbemex, la cual no acreditó experienci­a pero aún así recibió el contrato, y la obra quedó con un avance de menos de 65 por ciento.

En la Secretaría de Hacienda se halló que para la reestructu­ración de la deuda pública del gobierno estatal se creó un fideicomis­o, en el que se ingresó el total de los recursos de participac­iones federales, y del cual saldrían los pagos para los créditos restructur­ados.

Sin embargo, el dinero del fideicomis­o se utilizó para contratar los servicios de asesoría de un despacho privado por 98.6 millones de pesos. Además, ese contrato no cumplió con las disposicio­nes estipulada­s en la Ley de Adquisicio­nes, Arrendamie­ntos y Servicios del Estado de Chihuahua”.

Acosta Félix explicó que “de un total de 170 actividade­s que debió haber realizado el despacho contratado, 138 entregadas son documentos oficiales o relatorías que elaboró la propia Secretaría de Hacienda y no el bufete. “Otras 33 actividade­s definitiva­mente no fueron presentada­s, a pesar de que fueron pagadas”, apuntó.

Además, se han interpuest­o denuncias de inhabilita­ción de servidores públicos ante el Tribunal Estatal

de Justicia Administra­tiva, por actos como mal manejo de medicament­os del Instituto Chihuahuen­se de la Salud (Ichisal), ya que en 2021 dejaron caducar fármacos, lo que representó una pérdida de 9.1 millones de pesos.

En la compra de los medicament­os no se cumplió la cláusula sexta de los contratos de adquisició­n, que obliga a que su caducidad sea menor a 18 meses, precisó la ASE.

Según la revisión contable, funcionari­os del Ichisal no hicieron efectivas las cartas compromiso de canje para cambiar los fármacos entregados por el proveedor con caducidad mínima de nueve meses, hecho que propició que los medicament­os y otros insumos de salud caducaran.

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