Enfrenta el IMSS 100 mil juicios laborales
Tienen una década; implicaban $70 mil millones en 2013
Trabajadores de grandes cadenas comerciales, restaurantes, hoteles, escuelas privadas, prestadores de servicios, panaderías, pequeños y medianos negocios y maquiladoras, entre muchos otros gremios, están bajo contratos colectivos de protección patronal, pues ya son mayoría los sindicatos blancos también conocidos como fantasma, en los que seudodirigentes cobran igualas mensuales a las empresas para fingir una representación y evitarles huelgas.
El esquema de los contratos colectivos de protección se asentó en México hace siete décadas, y ha crecido de tal forma que ya son mayoría los trabajadores que se encuentran bajo este régimen, mientras conforman una minoría los que pertenecen a sindicatos independientes.
Un análisis de la organización Friedrich Ebert, elaborado por el abogado laboral Carlos de Buen Unna, señala lo anterior y precisa que dichos contratos son operados como ‘‘negocios a largo plazo’’ por familias enteras de falsos líderes, que tienen el registro de diversos sindicatos fantasmas, que no conocen los trabajadores, ya que se ‘‘arreglan’’ directamente con los patrones. Además, ‘‘sus liderazgos los heredan de padres a hijos, a nietos, a esposas’’, que eventualmente siguen cobrando a las empresas.
Organismos de protección
El informe, titulado Los contratos colectivos de protección patronal en México, también hace referencia a que hay un sinnúmero de despachos de abogados patronales que también ‘‘administran’’ sindicatos blancos y cobran por este servicio de protección.
De esta forma, hay organizaciones que detentan y usufructúan decenas de contratos. Por ejemplo, en esta ciudad tan sólo el llamado Sindicato Nacional de Trabajadores de la Actividad Comercial y sus Derivados tiene 71 contratos colectivos (en su mayoría de cadenas comerciales); el Sindicato Fraternal de Obreros, Empleados de Casas Comerciales, Agentes de Ventas, Escuelas y Oficinas Particulares en el Distrito Federal tiene otros 50 contratos. El Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Excavación, Similares y Conexos tiene el registro de 85.
Tal información está contenida en una investigación que sobre la contratación colectiva en el Distrito Federal coordinó el abogado Alfonso Bouzas. En ella se enlistan los nombres de personas que tienen el mayor número de estas supuestas representacio- Alrededor de 100 mil juicios laborales, la mayoría vigentes hace más de 10 años, y también de tipo fiscal por montos millonarios –implicaban hasta 70 mil millones de pesos en 2013–, son algunos de los litigios que enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los cuales se suman a su problemática financiera.
Pero no debería ser así, reconoció Jorge Eduardo Kim Villatoro, director jurídico del organismo. Existen alternativas para que no se cuestione ninguno de los procedimientos que realiza el instituto en su calidad de patrón y ente recaudador, afirmó.
Esa es una parte del trabajo que ha realizado este funcionario al frente del área jurídica del Seguro Social en los pasados tres años. Al día de hoy, dijo, la contingencia por los juicios fiscales se redujo de 70 mil millones a 5 mil millones de pesos.
Estos son recursos que interponen las empresas en contra de determinaciones del IMSS por el monto de las cuotas que deben enterar al organismo, las liquidaciones, informes sobre número de trabajadores, las primas por el seguro de riesgos de trabajo, entre otros.
Entre 2013 y 2015, la dirección jurídica trabajó en la depuración y litigio de alrededor de 19 mil juicios que implicaban la mayor parte de la contingencia de 70 mil millones de pesos: lo que el IMSS habría tenido que pagar de haberlos perdido.
Uno de ellos, significativo para el director jurídico, fue el que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de si el Seguro Social estaba obligado o no al pago del impuesto sobre nómina al Distrito Federal. El máximo tribunal resolvió que al ser un organismo que percibe cuotas obrero-patronales con la finalidad de prestar un servicio de seguridad social, no puede ser sujeto obligado a cubrir esa cuota fiscal.
Kim Villatoro recordó que ese litigio estuvo vigente durante varios años y existen otros interpuestos por algunas entidades federativas. Sin embargo, la sentencia de la Corte ayudará a que se agilicen las sentencias judiciales en el mismo sentido. Esa sentencia contribuyó a disminuir de manera significativa la contingencia.
Sin embargo, existen otros juicios fiscales y laborales que se originaron por deficiencias en la administración. Eso lo han ido aprendiendo los abogados que dan seguimiento a los juicios. En ocasiones formatos deficientes o con datos incompletos son suficientes para que las empresas inicien demandas.
Los juicios de tipo laboral, que son la mayoría de los cerca de 100 mil procedimientos que enfrenta el IMSS en los tribunales, tienen varias explicaciones. Son interpuestos por trabajadores inconformes con el cálculo de sus pensiones, incapacidades y despidos injustificados.
Respecto de la antigüedad de algunos de esos litigios, de más de 10 años, el abogado explicó que se han detectado retrasos en las notificaciones de laudos que favorecen a los trabajadores. El problema es que conforme pasa el tiempo sin que se concluyan los juicios, se acumulan salarios caídos que se deben cubrir a los empleados.
Kim Villatoro comentó que el área jurídica ha trabajado con las direcciones administra- tivas y de finanzas para revisar cómo llevan a cabo sus procesos. Por ejemplo, para despedir a una persona se tienen que levantar actas, reunir los elementos que justifiquen la decisión de la autoridad, cumplir con audiencias en las que se escucha al empleado, entre otros que al final sustentan la determinación del despido.
Cuando alguno de estos pasos –o todos– falta, son casos que se no se pueden defender. Aunque se trate de personas que por su mala conducta no deberían trabajar en el IMSS, están ahí porque la Junta de Conciliación y Arbitraje determina que el despido fue injustificado y ordena la reinstalación, así como el pago de los salarios caídos.
En el caso de las áreas de finanzas y las fallas en el cálculo de pensiones, por ejemplo, existe una fórmula. ‘‘Sólo hay que aplicarla para no dar motivo al cuestionamiento’’ o, en su caso, para que en los juicios los abogados cuenten con elementos de defensa, señaló el funcionario.