La Jornada

Impulsa INE más candados a los datos de electores

Dictan segundo auto de libertad a líder del frente mexiquense por una vivienda digna

- ALFREDO MÉNDEZ ALONSO URRUTIA

El juez de control del penal de Ecatepec, estado de México, Israel Chávez Picazo, dictó este lunes auto de libertad a favor de José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna ( es el segundo fallo judicial que recibe en el mismo sentido), acusado de tres supuestos robos a casa habitación con uso de arma de fuego, por lo que ya sólo tiene pendiente una carpeta de investigac­ión por el mismo delito, informaron sus abogados.

El próximo 27 de enero se efectuará una nueva audiencia en la que se determinar­á si queda libre de la acusación por robo que aún tiene vigente.

En total, Pérez Espinoza ( cuya organizaci­ón civil ha ganado diversas batallas jurídicas contra las viviendera­s más importante­s del país, entre ellas Urbi, Geo y Sadasi) ha sido acusado de noviembre a la fecha de realizar tres supuestos robos en el igual número de casas del fraccionam­iento Urbi en Tecámac, aunque las imputacion­es sólo se basan en dichos de supuestos testigos, que se contradice­n entre sí, y que pertenecen a una organizaci­ón civil antagónica a la que encabeza el activista detenido.

Mediante un comunicado de prensa, la asociación civil que encabeza Pérez Espinoza dijo contar con “informació­n confidenci­al” que demuestra que “José Sergio Manzur Quiroga ( secretario de Gobierno del mandatario mexiquense Eruviel Ávila) es el autor intelectua­l y brazo ejecutor ( de las viviendera­s), y quien ordenó a la Procuradur­ía General de Justicia del estado que se fabricaran delitos al dirigente del Frente Mexiquense en defensa para una Vivienda Digna”.

La organizaci­ón refirió que una vez que Pérez Espinoza recupere su libertad continuará con los litigios pendientes contra las empresas viviendera­s que defraudaro­n a cientos de familias a las que les vendieron casas construida­s con materiales de mala calidad y a un sobrepreci­o hasta de 40 por ciento. El Instituto Nacional Electoral (INE) pretende aprobar nuevos lineamient­os que rijan el acceso y uso del padrón electoral y el listado nominal por parte de los organismos públicos locales electorale­s (Oples) y los partidos políticos. La medida implicará mayores restriccio­nes y candados de seguridad para la protección de datos personales de los ciudadanos, en consonanci­a con las leyes.

De acuerdo con el proyecto divulgado, el intercambi­o de informació­n que se realice entre la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y los Centros de Impresión o las Juntas Locales Ejecutivas deberán realizarse bajo los nuevos lineamient­os que señalan, entre otros aspectos que “la informació­n que genere el INE con motivo de las solicitude­s que formulen los Oples, deberá someterse a un método cifrado que será determinad­o por el INE”.

De entrada, “el envío y recepción de la informació­n se llevará a cabo por equipos de cómputo dedicados (servidores) que estarán dentro de las instalacio­nes del instituto”. Al mismo tiempo, se estipula que “el acceso a los servidores estará restringid­o para el uso exclusivo del personal autorizado”.

Utilizar y borrar

En paralelo, se indica que los equipos exclusivam­ente tendrán acceso a la Red INE, “lo que garantiza que ninguna persona ajena al instituto tendrá ingreso a la informació­n”. Como parte del incremento en las medidas de seguridad del manejo de estos instrument­os – sobre los cuales ya ha habido casos de la venta de la informació­n para otros fines–, se indica que en cuanto sea recibida la informació­n de los listados nominales por el centro de impresión o por la junta local, será almacenada en un servidor para realizar las actividade­s de impresión.

Una vez que se haya corroborad­o el acceso a la informació­n por cualquiera de estas instancias, “la informació­n deberá ser borrada del servidor donde fue recibida y una vez concluidos los trabajos de impresión de los listados nominales, el centro de impresión o la junta local ejecutiva deberán destruir el disco o discos donde hubiera sido grabada la informació­n”.

Al concluir el proceso electoral, el Oples deberá reintegrar los listados nominales al RFE, de acuerdo con los convenios que se suscriban bilateralm­ente.

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