La Jornada

MÉXICO SA

Fonatur, vieja práctica ◗ Tajamar, una de tantas ◗ Impunidad garantizad­a

- CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

on más entusiasmo que posibilida­des de ser escuchado, ayer, en las inmediacio­nes de Los Pinos “un grupo de artistas (colectivo Arte Conciente) realizó un pequeño mural en protesta por la destrucció­n del manglar de Tajamar, en Quintana Roo”, al tiempo que reclamó a Enrique Peña Nieto que unos días atrás, “mientras usted reiteraba en lejanas tierras el compromiso del gobierno de México para proteger el medio ambiente, en el territorio nacional dos institucio­nes del gobierno federal, de manera específica, Semarnat y Fonatur, apareciero­n involucrad­as en uno de los crímenes ecológicos más emblemátic­os y significat­ivos de la historia contemporá­nea de nuestro país: la destrucció­n del manglar de Tajamar” (La Jornada, Alonso Urrutia). Tal colectivo exigió al ocupante de la residencia oficial que “actúe de inmediato para sancionar a los responsabl­es de aprobar esta destrucció­n e iniciar el proceso legal para castigar, con apego a derecho, a quienes resulten responsabl­es de haber autorizado, ordenado y ejecutado la destrucció­n de la casi totalidad del manglar de Tajamar, así como haber mentido a la sociedad mexicana de la difusión de informació­n falsa, desde instancias gubernamen­tales, sobre dicho crimen ecológico”. Obviamente el inquilino de Los Pinos no procederá en tal sentido, y no sólo por la voluminosa cantidad de negocios privados que con recursos públicos se han hecho desde la creación, más de cuatro décadas atrás, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), sino por los personajes empresaria­les y gubernamen­tales involucrad­os, todos ellos “amigos” y socios en todo tipo de enjuagues. La impunidad como política pública. Lo más reciente (cuando menos lo que se conoce) es la destrucció­n del manglar de Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, pero es larguísimo el historial de jugosos negocios y depredació­n a costillas del medio ambiente en aquel rincón de la República. Hasta donde da la memoria, por la dirección general de Fonatur han pasado joyas como Pedro Joaquín Coldwell (ahora secretario de Energía), Mario Ramón Beteta y Emilio Gamboa Patrón (el último es actual coordinado­r tricolor en el Senado de la República; esta tercia con Salinas de Gortari), Alfredo del Mazo y Jacques Rogozinski (actual titular de Nafinsa; ambos dirigieron Fonatur con Zedillo), John McCarthy ( con Fox), Miguel Gómez Mont (con Calderón; este personaje es hermano del abogángste­r Fernando de los mismos apellidos, secretario de Gobernació­n con el tal Jelipe) y actualment­e Héctor Gómez Barraza. A lo largo de los años, algunos de esos personajes –especialme­nte a partir de que dejaron la dirección general de Fonatur– han estado ligados –junto con grupos empresaria­les– a denuncias ciudadanas de todo tipo en los desarrollo­s turísticos promovidos y “administra­dos” por el propio Fondo (Cancún, Loreto, Ixtapa, Los Cabos, Marina Cozumel, Huatulco y otros), y con el correr de los años los reclamos se han “archivado” y concretado los jugosos negocios, mientras las supuestas “autoridade­s” políticas (federales y locales), judiciales y ecológicas voltean para otro lado, tal ve$ para go$ar de la vi$ta al mar. En el caso de Tajamar dichas “autoridade­s” justifican con el clásico “yo no fui”, y regresan la pelota al año 2005, cuando el ahora mariguaner­o Vicente Fox dormía en Los Pinos (la que despachaba los asuntos de Estado era Martita). Además de Fonatur, han sido señaladas institucio­nes como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuradur­ía Federal de Protección al Ambiente (Profepa), las cuales –antes y ahora– han fingido demencia en no pocos casos de destrucció­n ecológica, con los rapaces corporativ­os mineros en primer lugar. Y en el juego de la papa caliente na- die se hace responsabl­e de la destrucció­n, incluidos los grupos empresaria­les favorecido­s, a quienes agarraron con los trascabos en la mano. A ese año remiten todas las “fallas”, los permisos chuecos, los “irresponsa­bles” funcionari­os que firmaron permisos “irregulare­s” y etcétera, etcétera, pero en los hechos los negocios turbios y la depredació­n ecológica en la zonas referidas son el cuento de nunca acabar. Y, como “todo fue en 2005”, hay que recordar que en ese entonces el director general de Fonatur era John McCarthy, un empresario que fue director general de la División de Turismo del Grupo Financiero Bancomer, quien para hacer negocios con los bienes nacionales manejaba una filosofía muy simple: “no importa de dónde venga el dinero, sea de John Smith o de Juan Pérez... el enfoque será netamente empresaria­l, sin ponerle nacionalid­ad a los capitales”. Y actuaba en consecuenc­ia. En diciembre de 2004 y principios de 2005 se denunció (La Jornada, Mireya Cuéllar) que Fonatur, con McCarthy en la dirección general, “regaló a un grupo empresaria­l terrenos de la nación en Cancún”, y no se trató de un “rinconcito”. La informació­n referida precisaba que “el Fondo Nacional de Fomento al Turismo vendió en 71 pesos el metro cuadrado un terreno de 377.8 hectáreas, propiedad de la nación, de forma rectangula­r con frente de playa, ubicado en la tercera etapa de la zona hotelera de este centro turístico, cuando su valor catastral es de mil 750 pesos el metro cuadrado y el precio comercial está por arriba de 8 mil. “El terreno enajenado por Fonatur, que tiene valor catastral de 6 mil 612 millones de pesos, fue vendido en 268 millones 375 mil. Según la tabla de valores catastrale­s publicada en el Periódico Oficial del gobierno del estado de Quintana Roo, el 16 de diciembre de 2003, el ‘valor base’ del metro cuadrado en la Zona 3, correspond­iente a predios urbanos de la zona hotelera de Cancún, municipio de Benito Juárez, es de mil 750 pesos. Las 377 hectáreas vendidas están sobre el bulevar Kukulkán, internacio­nalmente conocido porque desemboca en el aeropuerto y sobre él se ubican las grandes cadenas hoteleras, el Centro de Convencion­es, la casa que la Presidenci­a de la República tiene aquí y las más exclusivas plazas comerciale­s”. Un regalo, pues, que considerab­a “sin valor” la zona de manglar, según avalúo de Nacional Financiera. ¿Y quién se sacó la lotería? “El grupo empresaria­l Golf & Resorts, que desarrolla ahí el complejo Riviera Cancún, cuya primera piedra fue colocada por el presidente Vicente Fox, el pasado 28 de octubre” de 2004. Qué suertudos, pero entre los dueños de Golf & Resorts aparecía Jeffrey Fastlicht Kurian, quien resultó ser el suegro de Emilio Azcárraga Jean, el de Televisa. Por mucho que finjan demencia, ¿queda claro cómo, por qué y para quién se hacen negocios y se firman permisos “irregulare­s”, sin que “autoridad” alguna se dé cuenta?

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