Reprobó control de confianza casi 10% del personal de seguridad
En siete estados el índice de no aprobación llegó a una quinta parte, según el SNSP En penales de Veracruz no acreditaron 41% de los custodios; lo mismo ocurrió con 39% en Zacatecas
Casi 10 por ciento de los elementos de seguridad y procuración de justicia del país reprobaron la más reciente evaluación de control de confianza. Sin embargo, el personal de Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz tiene índices de no aprobación de más de 20 por ciento.
Los casos extremos se presentaron en Sinaloa: reprobó casi la mitad de los agentes ministeriales, los policías estatales presentaron un rango de no acreditación de 34 por ciento y los municipales, de 48 por ciento.
Los custodios de penales de Veracruz tienen índice de no aprobación de 41 por ciento y los de Zacatecas, de 39 por ciento, de acuerdo con el más reciente informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de Gobernación.
Hasta ahora no hay datos de lo que ocurre con los elementos que reprueban. Hace dos años, el universo evaluado (federales, estatales y municipales) fue de 334 mil elementos, de los cuales 12 por ciento reprobó. El reporte más reciente (junio de 2016) cita que se sometió a evaluación a 329 mil 823 agentes, con nivel de reprobación de 9 por ciento, en promedio nacional.
El SNSP precisa que actualmente hay 38 centros de evaluación y control de confianza (35 en entidades federativas y tres en dependencias federales).
El universo de la más reciente evaluación fue de 332 mil 781 elementos, de los cuales 12 mil 287 son mandos y el resto, operativos. De los 329 mil 823 pertenecientes a la plantilla activa evaluada, aprobaron 292 mil 117 (88 por ciento) y 31 mil 565 no acreditaron; 2 por ciento de los resultados están pendientes y falta evaluar a uno por ciento.
En cuanto a mandos, la esta- dística oficial indica que mil 289 no pasaron y 30 mil 276 operativos se hallan en esta situación.
Por entidad, los resultados fueron variables; por ejemplo, Campeche no reporta reprobados, salvo uno por ciento de su plantilla de policías estatales; en un rango similar están Guanajuato y Puebla.
En las entidades más pobladas, los resultados son: Ciudad de México, casi 50 mil evalua- dos, de los cuales no aprobaron 2 por ciento de los estatales, 4 por ciento de los empleados de penales y 2 por ciento de la procuraduría de justicia.
En el estado de México, de 46 mil 723 elementos evaluados, reprobaron 3 por ciento de los estatales, 12 por ciento del personal de prevención y reinserción social, 2 por ciento de la procuraduría de justicia y un porcentaje igual de los munici- pales. El promedio de reprobados es de 3 por ciento.
En Guerrero, el índice de no acreditación fue de 24 por ciento, aunque el porcentaje más alto se dio entre los municipales, con 31 por ciento.
El gobierno federal destina este año miles de millones de pesos a la depuración y capacitación de policías y otros agentes. Tan sólo en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pú- blica, dedicado al cumplimiento de cinco ejes estratégicos y 10 programas con prioridad nacional, hay 7 mil millones (14.5 por ciento menos que lo aprobado para 2015), y en el nuevo apartado (Fortaseg), casi 6 mil millones.
El objetivo de estos subsidios es apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública, el desarrollo de recursos humanos y el fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura. Asimismo, a la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como a la capacitación en derechos humanos e igualdad de género.
La asignación principal del Fortaseg es de 5 mil 465 millones de pesos, dirigido a 300 beneficiarios (12.2 por ciento del total de ayuntamientos en el país, donde se concentra la mayor incidencia delictiva de alto impacto). Hay también una “asignación complementaria” de 408.6 millones de pesos para municipios que cumplieron los requisitos para tener acceso a los beneficios de la segunda ministración de 2015, pero no la recibieron.
Los criterios de elección de 300 municipios (sobre los 2 mil 457 existentes en el país) se basa en los datos de población, incidencia delictiva y disminución de delitos, así como el estado de fuerza y características de cada ayuntamiento.