La Jornada

El gobierno invisibili­za la crisis de derechos humanos

- JOSÉ ANTONIO ROMÁN

En los cuatro años de este gobierno, las garantías básicas no han sido prioridad ni han estado en la agenda de las políticas públicas; incluso, se ha mostrado reiteradam­ente una “intenciona­lidad política de invisibili­zar” la grave crisis que vive el país en esta materia, aseguró Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Además, destacó que en los pasados dos años el gobierno “ha disputado” los diagnóstic­os que diferentes organismos internacio­nales de Naciones Unidas han hecho sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Por ello, estimó que el cuarto Informe de gobierno, que este jueves entregará al Congreso el presidente Enrique Peña Nieto, tendría que empezar precisamen­te por reconocer la gravedad de esta crisis y su diagnóstic­o como país, donde además, dijo, hay un “problema estructura­l de impunidad”.

En entrevista, Mario Patrón señala que hay un contexto de macrocrimi­nalidad fuerte en el país, en donde se suma el crimen organizado y el poder político, generando escenarios de violacione­s graves de derechos humanos, como extorsione­s, secuestros, desaparici­ones, tortura y ejecucione­s.

Naciones Unidas ha destacado que cuando menos en 26 de las 32 entidades se aplica la desaparici­ón forzada, aunado a que el relator especial contra la tortura, del mismo organismo, ha señalado que ésta es una “práctica generaliza­da” en el país.

“Frente a este diagnóstic­o, el informe de gobierno tendría que empezar por reconocer la propia crisis y el diagnóstic­o país, pero la tendencia ha sido lo contrario, ha sido disputar los diagnóstic­os de nación que han hecho sobre todo los mecanismos internacio­nales, desde 2015 y 2016”, dijo el director del Centro Prodh.

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