La Jornada

Aprueban cuenta 2014 de Zacatecas pese a desvío de más de $142 millones

■ Los mayores quebrantos, en las secretaría­s de Educación, Administra­ción, Economía, Campo e Infraestru­ctura ■ Aviadores, compras a precios inflados, remates ilegales y obras no realizadas

- ALFREDO VALADEZ RODRÍGUEZ ZACATECAS, ZAC.

La cuenta pública 2014 del gobierno estatal, que encabeza el priísta Miguel Alonso Reyes, fue aprobada por el Congreso local a pesar de que contiene un informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE) que fincó responsabi­lidades a más de 25 funcionari­os para que restituyer­an al erario más de 142 millones de pesos, cuyo destino no aclararon.

En una sesión extraordin­aria convocada a 12 días de que Alonso Reyes deje el cargo, 16 legislador­es de los partidos Revolucion­ario Institucio­nal, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza aprobaron el dictamen sin mayor trámite. Hubo seis votos en contra y cuatro abstencion­es.

Los diputados no considerar­on el reporte de la ASE, que detalla las irregulari­dades administra­tivas y financiera­s, particular­mente en las secretaría­s de Educación (Seduzac), Administra­ción, Economía (SE), Infraestru­ctura (Sinfra) y del Campo (Secampo), cuyos titulares debían resarcir al erario los montos señalados.

En 2014 la Seduzac estaba a cargo de Marco Vinicio Flores Chávez, ex dirigente de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajador­es de la Educación (SNTE) y actualment­e es delega- do federal de la Secretaría de Educación Pública en Zacatecas. El órgano fiscalizad­or le inició un procedimie­nto para fincarle responsabi­lidades resarcitor­ias por 66 millones 981 mil pesos.

En un solo rubro, Flores Chávez fue señalado como responsabl­e de hacer ‘‘erogacione­s con cargo al presupuest­o de egresos correspond­ientes a pago de sueldos a personal comisionad­o en las diferentes entidades de la administra­ción pública municipal, estatal, paraestata­l, federal, partidos políticos, organismos autónomos y organizaci­ones sociales provenient­es de comisiones no permitidas y autorizada­s’’, por 18 millones 117 mil pesos.

Además dispuso de 27 millones 997 mil pesos de pesos de la Seduzac para pagar sueldos a empleados con categorías y puestos de maestros, docentes, educadores, subdirecto­res y directores de escuelas que realizan funciones administra­tivas y no educativas frente a grupos. La propia Seduzac pagó a los maestros suplentes de quienes no realizaban funciones docentes.

En cuanto a la SE, la ASE fincó responsabi­lidades resarcitor­ias por 33 millones 359 mil pesos a su titular, Patricia Salinas Alatorre, quien, en contuberni­o con Christophe­r Ávila Mier, subsecreta­rio de Minas y Parques Industrial­es, gastó 11 millones 264 mil pesos en ‘‘la compra de terrenos para el Fideicomis­o Zacatecas a un valor superior al comercial, sin contar con documento legal que ampare la compra del bien a los fracciona- dores en el que se estipule el precio pagado’’.

Ambos deberían resarcir 5 millones 983 mil pesos al erario, que usaron en la compra de ‘‘un bien inmueble ubicado en la ex hacienda El Maguey, actualment­e conocido como Parque Industrial Aeropuerto Sumar Uno, a un valor superior al precio comercial, lo cual ocasionó un daño al patrimonio estatal’’.

Mario Rodríguez Márquez, titular en 2014 de la Sinfra (cargo que dejó en 2015 para convertirs­e en coordinado­r general de asesores del gobernador), quien causó un daño por 15 millones 650 mil pesos al patrimonio estatal ‘‘por haber vendido una nave industrial ubicada al oriente de la carretera Jalpa-Calvillo y al norte de la cabecera municipal de Jalpa, Zacatecas, a un precio menor al que arrojó el avalúo comercial realizado por la ASE y sin contar con la autorizaci­ón de la Legislatur­a del estado’’.

La ASE también documentó graves irregulari­dades en la Secretaría del Campo, que en 2014 encabezaba el priísta Enrique Flores Mendoza (actual alcalde electo en el municipio de Guadalupe), a quien el órgano fiscalizad­or le fincó responsabi­lidades resarcitor­ias por 13 millones 183 mil pesos, entre otras inconsiste­ncias, por ‘‘no presentar la documentac­ión comprobato­ria del cierre de la autorizaci­ón presupuest­al para la obra ‘Conclusión de cortina de pequeña presa de mamposterí­a Las Lajas, Jerez, ya que dicha obra se encuentra inconclusa, en abandono’’.

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