Beneficiarios de diversos programas federales, 84 millones de mexicanos, señala el Informe
Las autoridades buscan tener un padrón confiable de la gente que recibe apoyo Se atenderán los problemas de la población de acuerdo con sus condiciones socieconómicas Recuperó para afectados $8 mil millones Procuraduría del Trabajo ganó 9 de 10 casos en q
Casi tres cuartas partes de la población –84 millones de mexicanos– está incluida en el Padrón Único de Beneficiarios (PUB) de programas federales, señala el cuarto Informe de gobierno.
Se trata de un universo que está integrado en 109 padrones de 52 programas pertenecientes a 10 secretarías.
El PUB se establece para lograr una focalización adecuada de los recursos públicos y orientar la política social a resultados concretos, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, indica el documento. El fin es integrar un padrón con identificación única de beneficiarios de programas sociales, mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información.
Refiere que además de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el PUB El gobierno federal señala que “mantiene la atención y seguimiento permanente a las víctimas de casos relevantes”, como el del albergue la Gran Familia, el de la guardería ABC, los crímenes contra normalistas en Iguala, las muertes en Tlatlaya, el de las fosas de San Fernando y Cadereyta, entre otros, y para ello ha brindado asistencia y también mantiene la representación jurídica dentro de los procesos penales.
En el cuarto Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se menciona que en los casos relevantes “las acciones realizadas han consistido en proporcionar asistencia y atención integral a las víctimas, lo que ha fomentado la restitución de sus derechos; la representación jurídica dentro del proceso penal; apoyo para traslados, hospedaje y alimentos, con una erogación de 13.8 millones de pesos durante enero-julio de 2016, gasto que representa un incremento real de 398 por ciento en relación con lo observado en el mismo periodo de 2015, que fue de 2.7 millones de pesos”.
Asimismo, refiere que el gobierno de México, “para impulsar firmemente la agenda de derechos humanos en los foros multilaterales”, realizó, entre otras acciones, una que se relaciona con caso Iguala, y en el contexto del 156 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el Estado mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) firmaron un acuerdo sobre los alcances de su labor durante la segunda etapa de su mandato, el cual se dio a conocer y se puso a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la audiencia pública sobre el informe del caso Ayotzinapa, el 20 de octubre de 2015”.
Asimismo, refiere el Informe que “una vez finalizado el mandato del GIEI (30 de abril de 2016), el gobierno reafirmó su compromiso de seguir colaborando con la CIDH en el cumplimiento de las medidas cautelares del caso”. incluye acciones de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Economía, de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, del Medio Ambiente, de Salud, del Trabajo y Previsión Social y de Agricultura.
Asimismo, agrega, se estableció el Sistema de Focalización de Desarrollo (Sifode), que se integra a partir de la homologación Los conflictos generados por reclamos de aportaciones a las Afores, al Infonavit y al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) destacan entre los principales asuntos de las 287 mil 418 asesorías personalizadas que ha brindado la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) en la presente administración.
Estos reclamos representan 26.1 por ciento del total de asuntos atendidos, seguidos de servicios relacionados con despidos injustificados, con 17.1 por ciento.
La exigencia de prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, como vacaciones, prima de antigüedad, fondo de ahorro, estímulos de asistencia y de información socioeconómica proveniente de la Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares y que cuenta con un universo de 6.2 millones de hogares y 19.2 millones de personas.
Se busca que el Sifode sea una herramienta de planeación para atender problemas específicos a partir del monitoreo y seguimiento de las condiciones puntualidad, significan 12.7 por ciento de los casos.
Mientras, la solicitud de designación de beneficiarios, por muerte del trabajador en activo, pensionado o jubilado, ocupa el cuarto sitio, con 15.4 por ciento.
Juicios y conciliaciones
Respecto de juicios y conciliaciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), mediante la Profedet, recuperó en el periodo de diciembre de 2012 socioeconómicas de los hogares.
Junto con estas acciones, en diciembre se hizo una reingeniería del Sistema de Información Social Georreferenciada (Sisge), con lo que los usuarios pueden visualizar y consultar información estadística y geográfica del Sifode y de los programas sociales.
Esto ha llevado a ubicar geográficamente 9 mil 731 lecherías Liconsa, 9 mil 233 estancias in- a julio de este año 8 mil 855.3 millones de pesos en favor del trabajador, comparados con los 6 mil 605.5 millones registrados en la administración anterior.
La Profedet concluyó 75 mil 303 juicios, de los cuales 66 mil 901 fueron favorables, es decir, nueve de cada 10 casos en lo que colaboró.
Por este concepto recuperó 7 mil 674.9 millones de pesos, y mediante convenios de conciliación la cantidad obtenida ascendió a mil 180.4 millones de pesos. fantiles, 5 mil 137 comedores comunitarios y 26 mil 978 tiendas Diconsa. Asimismo, se pueden definir mapas temáticos por estado, municipio y localidad para ubicar a los 84 millones de beneficiarios de los programas sociales. Organizaciones de derechos humanos lamentaron que en el cuarto Informe de gobierno estuvo ausente el tema de las violaciones graves a las garantías fundamentales. En redes sociales, se preguntaron dónde quedó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los casos de Apatzingán, de Tanhuato, de Tlatlaya “y otras tantas violaciones”.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez mencionó que no se habla de los más de 28 mil desaparecidos en el país, de las más de 150 mil personas asesinadas en menos de 10 años.
El Centro Pro cuestionó que “no hay una propuesta de reforma a las instituciones civiles de seguridad y el retiro de las fuerzas armadas de éstas”.
Resaltó que “no se cuenta que 98 por ciento de los crímenes siguen impunes” y no se precisan cifras sobre la tortura.
Amnistía Internacional México, en un video, indicó que el cuarto Informe debió tomar en cuenta que “muchas personas han perdido la vida a manos de las fuerzas de seguridad”, que la tortura es “una violación persistente” y que 46 por ciento de los habitantes del país “temen ser torturados”.
Recordó que en México “son asesinadas aproximadamente siete mujeres al día”, y los migrantes que atraviesan el territorio nacional rumbo a Estados Unidos “siguen siendo víctimas de extorsión, secuestro y desaparición”.
Agregó que tan sólo en 2016 “han asesinado a siete periodistas”, mientras Artículo 19 afirmó que este año las agresiones a la prensa crecieron 115 por ciento. “En lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto, 24 periodistas han sido asesinados. Los casos permanecen impunes”, subrayó.