Debate sobre el caso Iguala deriva en ataques personales
Analizan diputados informe de la comisión especial
Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados se confrontaron ayer, durante la revisión de los dos años que han pasado desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la reintegración de la comisión especial que tiene por tarea dar seguimiento al cumplimiento del Estado mexicano de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras PAN, Morena y MC exigieron la presentación de los estudiantes, el PVEM defendió “la verdad histórica” que presentó en su momento el entonces procurador Jesús Murillo Karam.
En tribuna, Arturo Álvarez Angli (PVEM), quien como presidente de la sección instructora en el Congreso de Guerrero congeló durante dos años la solicitud de desafuero contra José Luis Abarca, sostuvo que los jóvenes y familiares “han vandalizado, sitiado y aterrorizado a la entidad, exigiendo justicia a través de las vías más ilegales posibles”.
La presidenta de la comisión especial, Karina Padilla (PAN), resaltó que prevalecen muchas dudas sobre la actuación de las fuerzas federales y estatales la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, “así como sobre la respuesta en el uso de la fuerza pública ante la toma de autobuses, que por su frecuencia en Guerrero eran casi tolerados”.
Indicó que aún no hay respuesta, porque ante un hecho de esa naturaleza se reaccionó con fuerza letal y no se sabe bajo las órdenes de quién, mientras la Procuraduría General de la República (PGR) no ha dado respuesta y mantiene la tesis de que pudo tratarse de una intervención del narcotráfico.
la diputada Padilla destacó que se mantienen dudas razonables sobre el móvil y acerca de quiénes son los verdaderos autores del crimen, porque si bien hay un grupo de personas detenidas, se desconoce quiénes son los autores intelectuales, persisten dudas sobre la actuación del Ministerio Público, acerca del debido proceso y la integración del expediente y posibles actos de tortura y tratos degradantes contra 16 testigos claves.
El diputado Víctor Manuel Silva (PRI) atribuyó el origen del hecho a que “Andrés Manuel López Obrador impulsó la candidatura de Abarca y de ahí surgió esta lamentable etapa histórica del país”.
En su intervención, Cristina Gaytán (PRD) retó a la diputada Araceli Damián (Morena) y le pidió aclarar si las críticas de esa bancada al primer informe de actividades que ayer presentó la comisión especial es “uno más de los acostumbrados montajes en revancha por no obtener la presidencia de ese grupo de trabajo”.
En respuesta, Araceli Damián señaló que en un momento en que la exigencia es que el Estado mexicano aclare la desaparición de los normalistas, “salgan con declaraciones personales y no sobre quién nos hace falta; nos importa saber dónde están los 43, porque es la única manera de que sus padres van a encontrar paz y la sociedad se reconciliará con el Estado corrupto y asesino”.
El diputado Víctor Sánchez Orozco (MC) insistió en la necesidad de que los padres utilicen la Cámara de Diputados, como un mensaje de que en el país ya no deben ocurrir más desapariciones, porque se ha llegado al colmo de acumular una cifra de homicidios y de personas superior a las de las dictaduras que en su tiempo dominaron Chile, Brasil y Argentina.