La delincuencia digital, en aumento
e acuerdo con datos citados por Fabián Romo Zamudio y Alejandra Morán Espinosa, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la delincuencia organizada obtuvo el año pasado 288 mil millones de dólares de ganancias por medio del cibercrimen, es decir, dinero o bienes por medio de la utilización ilegal de Internet. A decir de los expertos, este fenómeno representa una tercera parte de los ilícitos económicos que se cometen en el mundo y ocupa entre ellos el segundo lugar, después del robo de propiedades, bienes o activos.
Ciertamente, la proliferación de aparatos conectados a la red mundial ( el número se calcula en más de 20 mil millones) ha creado un terreno fértil para el lavado de dinero, los desvíos de fondos, los fraudes, las extorsiones y otras actividades ilícitas, y cada vez resulta más difícil seguir la huella a actos delictivos cometidos – para colmo– con asistencia de tecnologías digitales avanzadas. Se ha constituido, así, una suerte de “lejano oeste” para el cual, o bien no existe una legislación actualizada o, en el menos peor de los casos, los go- biernos no están suficientemente preparados para aplicarla.
Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que en la delincuencia cibernética el protagonista ya no es el hacker solitario y genial, sino organizaciones que poseen el poder de cómputo requerido para actuar en gran escala, y ello obliga a poner atención en lo que ocurre en la infraestructura informática de las grandes corporaciones y de los gobiernos.
Por lo demás, la ciberdelincuencia es un fenómeno característicamente internacional, toda vez que la red mundial permite realizar operaciones con bienes, servicios y mercancías entre distintos países, y las fronteras entre éstos dificultan el seguimiento de tales actividades. No hay razón, pues, para suponer que exista alguna nación que se encuentre a salvo de semejante azote.
En lo referente a México, la dependencia tecnológica y corporativa constituye una debilidad frente a la delincuencia informática, agravada por la ausencia de un marco legal acorde con el desarrollo computacional y la multiplicación de dispositivos conectados a Internet, que van desde páneles de control