Piden incluir a los afectados en ley de víctimas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó al Senado que en el país existen 90 mil personas víctimas de desplazamiento forzado y pidió que se emprenda una reforma constitucional que otorgue al Congreso de la Unión la facultad de legislar en esa materia, ya que ante la gravedad del problema es urgente que el Estado mexicano “reconozca oficialmente su existencia” y lo enfrente con políticas públicas de prevención y atención.
Édgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la CNDH, presentó el informe actualizado sobre personas desplazadas en México –en el reporte de mayo pasado reportó 35 mil 500 víctimas de desplazamiento forzado.
Sostuvo que la “cifra de 90 mil desplazados sólo es indicativa, es una muestra de la cantidad real, que debe ser mucho mayor, pues hay organizaciones sociales que hablan de 280 mil personas desplazadas en México”.
Explicó a los senadores que la metodología que utilizó la CNDH para obtener esos datos fue sumar los resultados obtenidos por los visitadores adjuntos, que aplicaron mil cuestionarios El PRD, gobernadores y legisladores de este partido plantearon una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal con el propósito de incrementar de 20 a 25 por ciento las participaciones federales que reciben los estados, lo que implicaría, según sus cálculos, 200 mil millones de pesos adicionales para los gobiernos locales, y sugirieron obtener recursos extraordinarios del déficit fiscal, en contraste con la propuesta de la Secretaría de Hacienda.
El PRD solicitó una entrevista con el secretario de Hacienda para presentar la propuesta y requerir información sobre el recorte.
Los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles, y de Tabasco, Arturo Núñez, señalaron que el proyecto de presupuesto 2017 pretende aplicar un recorte general a los fondos que destinan los estados a educación, seguridad, cul- en 63 municipios de las 32 entidades del país, a los totales de la información aportada por autoridades municipales, estatales y federales, organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades indígenas, que fueron entrevistadas.
Corzo Sosa insistió en que “se debe reconocer la existencia del desplazamiento forzado en el país por diferentes causas: violencia, inseguridad, megaproyectos, impunidad, debilidad del estado de derecho y la falta de condiciones adecuadas para el desarrollo, que ha propiciado que un número considerable de mexicanos abandonen sus lugares de origen y de residencia en busca de mejores condiciones de subsistencia y, muchas veces, para preservar su vida y la de sus familias”.
Anunció que en breve la CNDH presentará un proyecto de ley de desplazamiento forzado en el país. tura, programas sociales, campo e infraestructura, y que los aumentos anunciados por Hacienda el 8 de septiembre “son selectivos”.
Aureoles refirió que la ley no se ha modificado desde hace 40 años en cuanto a la fórmula para distribuir la recaudación, que deja 80 por ciento de los fondos a la Federación y 20 por ciento a estados y municipios, lo cual “debilita la capacidad financiera” de éstos, “porque todas las fuentes de recaudación las tiene la Hacienda federal”.
Núñez dijo que si bien, como ha señalado Hacienda, la reforma fiscal amortiguó la caída de los in-
A su vez, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, urgió a los senadores a aprobar las reformas a la Ley de Atención a Víctimas para que se pueda dar atención, apoyos y ayuda a los afectados, porque “hoy, como está la ley, no podemos atenderlos”.
Precisó que aunque en la ley vigente, el artículo cuatro habla de víctimas por violaciones a derechos humanos, del delito, quien sufre en su economía o en distintos aspectos, la ley sólo nos permite atender a víctimas del fuero federal. En la reforma que trabaja el Senado ya se habla de desplazamiento interno.
José Zamora, director general de políticas públicas de la Secretaría de Gobernación, manifestó a los legisladores que “el gobierno federal ya está trabajando en la elaboración de una norma para atender este fenómeno. Probablemente estará lista a finales de este año gresos petroleros, el problema es la distribución de los recursos. “Hay rubros que se dejan en cero en la iniciativa del Ejecutivo”, señaló.
Ante ese panorama, las bancadas del PRD en las cámaras de Diputados y de Senadores integraron una comisión para intentar recuperar fondos para los estados que gobierna este partido.
Según Aureoles, el ramo 33 aumenta 5 por ciento en las aportaciones, “pero ese ligero incremento no es para todos, sólo para algunos, porque a 22 no les toca; los fondos regionales disminuyen 82 por ciento y los metropolitanos 80, lo cual deja a estados oa principios de 2017, y en el grupo de trabajo participan organizaciones civiles, autoridades federales y estatales”.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Gabriela Cuevas, sostuvo que la reforma a la Ley General de Víctimas “la frenó el gobierno, porque no quiere que se hable de desplazamiento forzado, sino de desplazamiento interno”.
Subrayó que no se trata de ubicar “a México en un contexto de conflicto armado ni de llevarlo a (la Corte de) La Haya, sino de atender el problema real como es: desplazamiento forzado de personas”.
Al final, Corzo Sosa aseveró: “Todo lo que se identifica como forzado causa fricciones, es el caso de las desapariciones forzadas; aquí se trata de desplazamiento forzado. La gente no se va porque quiere, se va para salvar su vida”. y municipios prácticamente sin capacidad para inversiones”.
El gobernador michoacano dijo que el monto adicional que representaría modificar la fórmula de distribución de las participaciones federales “no es un disparate. Al revés. Somos un país federalista, pero a veces sólo lo vemos en la letra. Si son 200 mil millones de un presupuesto de 5 billones no impactaría mayormente, y si además revisamos el déficit, que es un mito que sea malo, porque cuando se invierte en acciones productivas o infraestructura genera empleo y dinamiza la economía”. La protección a personas que sufren desplazamiento interno forzado debe ser incluido en las reformas de la Ley General de Víctimas que se discuten en el Senado, pidieron organizaciones de derechos humanos, colectivos de familiares y peritos.
Advirtieron que el desplazamiento representa una violación grave, múltiple y continuada a los derechos humanos de quienes se ven obligados a dejar sus lugares y comunidades de residencia a causa de la violencia y la inseguridad en varias regiones del país.
“Es altamente preocupante la ausencia del reconocimiento del desplazamiento interno forzado por el Estado mexicano y la consecuente omisión que existe para aplicar acciones pertinentes para garantizar la atención y la protección de la población que se encuentra en esta situación”, señalan organizaciones y colectivos en carta dirigida a las cuatro comisiones senatoriales encargadas dictaminar las reformas.
Aunque no hay cifras del fenómeno a escala nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estima que el número de personas desplazadas podría ser de 90 mil, que carecen de reconocimiento, atención y protección de las autoridades de todos los niveles de gobierno.
En la carta, llaman a las comisiones de Gobernación, de Justicia, de Estudios Legislativos y segunda del Senado a cumplir su compromiso con las víctimas para que obtengan reconocimiento jurídico en dicha reforma, al ser la Ley General de Víctimas el único instrumento legal adecuado para registrar, atender y proteger los derechos de quienes sufren dicho desplazamiento forzado. Así como para atenderlas en forma urgente.
Exigieron a la Secretaría de Gobernación que cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y con las víctimas del desplazamiento interno.