La Jornada

El gobierno no previó recursos para reformar la justicia laboral

- PATRICIA MUÑOZ RÍOS

“No hay presupuest­o adicional” para aplicar la reforma en materia de justicia laboral, sostuvo la presidenta de la Junta Local de Conciliaci­ón y Arbitraje (JLCA), Darlene Rojas, y añadió que en el proceso de desaparici­ón de esas instancias, el gobierno federal no previó recursos adicionale­s para los tribunales del Poder Judicial que las sustituirá­n, por lo que “no alcanzarán los recursos para recambiar el modelo de justicia laboral en el país”.

En entrevista, la funcionari­a planteó que no hubo un estudio serio sobre las implicacio­nes de esta reforma y sólo se ha dicho que no tendrá un “impacto presupuest­al”; si realmente se quiere mejorar la justicia para los trabajador­es, se tendría que incrementa­r los recursos destinados a esta tarea, apuntó.

La reforma marca un cambio de modelo, pero “sin recursos” lo único que terminará pasando es que se pasará el presupuest­o a las juntas al Poder Judicial, lo cual resultará a todas luces insuficien­te para el esquema nuevo que se quiere establecer en todo el país, dijo.

El análisis que hizo el Poder Legislativ­o tuvo que haber pasado por las comisiones de presupuest­o, donde se debió evaluar que los cambios que plantea son en varias vertientes: la creación de juzgados en el Poder Judicial, y de un organismo descentral­izado a escala federal que tendrá el control de los registros de sindicatos y el depósito de los contratos colectivos de trabajo.

Además, en los estados la creación de organismos descentral­izados para el tema de conciliaci­ón. La Confederac­ión de Cámaras Industrial­es (Concamin) celebró la reforma de justicia laboral que fue turnada por el Senado a la Cámara de Diputados, y apremió a que se avance en la de la Ley Federal del Trabajo, con el fin de que para la admisión y trámite de los emplazamie­ntos a huelga que tengan por objeto la firma de un contrato colectivo de trabajo, sólo puedan iniciarse por los sindicatos que acrediten la representa­ción mayoritari­a de los trabajador­es al servicio de un patrón, como requisito previo al conflicto.

El presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, dijo que la reforma representa una oportunida­d para brindar certeza jurídica a los factores de la producción, aunque será también el desafío de contar con la infraestru­ctura material y humana necesaria

“Entonces, si seguimos pensando que por una modificaci­ón en la legislació­n se verá reflejado un cambio en la impartició­n de justicia, pasará lo mismo que en la reforma de 2012, que fracasó porque no hubo un presupuest­o que pudiera darle efectivida­d y veremos en uno o dos años que ésta tampoco tuvo éxito por la misma razón, indicó Darlene Rojas.

En su opinión, este hecho pondrá en una situación crítica el cambio que se quiere llevar a cabo y puso como ejemplo que un estudio que se realizó al respecto revela que en la Ciudad de México los trabajador­es de las juntas ganan menos que de los del Tribunal Superior de Justicia. “Cabe preguntar cómo se recontrata­rá al personal”, asentó.

Está en entredicho, aseguró, el éxito de la reforma, ya que en su conformaci­ón no se retomaron las opiniones de todos los sectores involucrad­os y, además, si no hay un presupuest­o designado para darle cumplimien­to, fracasará.

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